Cerca de 150 demandantes aseguran que hubo negligencia profesional, agresión, conspiración y falta de información para autorizar los tratamientos; incluso, algunos padres denunciaron que sus hijos ni siquiera necesitaban de algún procedimiento. Muchos de los menores fueron sometidos a cirugías correctivas mientras que otros perdieron sus dientes. La clínica ya fue vendida, pero la querella va dirigida a sus expropietarios, dirigentes y compañías de seguros con las que tenían sus pólizas.