Conoce al primer reo que recibió una cirugía de cambio de sexo en California

LOS ÁNGELES, California.- Un recluso condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de un hombre en Los Ángeles, California, en 1980, se ha convertido en el primer presidiario del país que recibe una cirugía de reasignación o cambio de sexo que fue pagada con dinero público.

Se trata de Shiloh Heavenly Quine, de 57 años y quien purga su sentencia en un penal de California.

En agosto de 2015, funcionarios de las prisiones del estado aceptaron pagar el proceso quirúrgico de Quine, un acuerdo legal histórico que es considerado un triunfo para la comunidad gay (LGBT).

La operación recién se realizó en un hospital de San Francisco. El plan es que Quine abandone la penitenciaría varonil en la que se encuentra y se le traslade a una cárcel femenil.

El caso de Quine llevó al estado a convertirse en el primero en establecer normas para que los reclusos transgéneros soliciten cirugías de reasignación de sexo financiadas con el erario del pueblo. También sentó otro precedente: un magistrado federal ordenó que a las mujeres transgéneros en penales varoniles reciban artículos como camisones, collares y bufandas.

El Departamento de Correccionales de California indicó que el estado tiene la obligación legal de pagar la operación de Quine.

“La Octava Enmienda de la Constitución requiere que las cárceles provean a los presos tratamiento médico necesario por condiciones médicas y mentales, incluyendo a los reclusos diagnosticados con disforia de género (también llamado trastorno de identidad sexual)”, dijo su vocera Terry Thornton a la agencia AP.

Según cálculos oficiales la cirugía costaría 100,000 dólares, incluyendo procedimientos y medicamentos antes y después de la operación, aunque el Transgender Law Center, que representa a Quine y a otros reos transgéneros, asegura que dicha cifra es exagerada. El grupo insiste en que el gobierno federal reembolsaría gran parte del costo.

No es la primera vez que un preso solicita una intervención quirúrgica de este tipo en California. Por años, Michelle-Lael Norsworthy luchó legalmente para recibirla, hasta que fue liberado en 2015, solo un día antes que una corte de apelaciones analizara su caso.

Kris Hayashi, director ejecutivo del Transgender Law Center, declaró a la agencia AP que el caso de Quine es una victoria para la comunidad gay, de alta vulnerabilidad en las prisiones. “Durante demasiado tiempo, las instituciones han ignorado a los médicos y casualmente han desechado la atención médica necesaria y salvadora para los transgéneros simplemente por lo que somos”, dijo.

Quine y un cómplice secuestraron y mataron a Shahid Ali Baig, de 33 años y padre de tres hijos, en el centro de Los Ángeles en febrero de 1980, durante un altercado por drogas y alcohol. También le robaron su auto y 80 dólares.

A Quine la sentenciaron a cadena perpetua por asesinato en primer grado, secuestro y robo.

Quine relató a la prensa que fue criada en la década de 1970 para ser un “hombre de verdad” y se casó en dos ocasiones y procreó dos hijas. Sin embargo, afirmó que desde la edad de nueve años se ha considerado a sí misma una mujer. Y relató que a los 19 años, tres antes de ser enviada a prisión por asesinato, intentó cortarse los genitales.

Ella había expresado anteriormente que su presencia en la prisión varonil crea “confusión y emociones mezcladas en los hombres, que van desde pensamientos románticos a repugnancia”. Sin cosméticos, Quine se tatuó párpados, pestañas y cejas en la prisión.

Un psicólogo del penal le recomendó realizarse la operación con el fin de lograr una “plenitud interna”.

En 2014, cuando le negaron por primera vez la cirugía, Quine intentó suicidarse por depresión.

Farida Baig, hija de la víctima de Quine y quien trató sin éxito de bloquear legalmente la operación, expresó que tal decisión la ha desconcertado. “Estoy ayudando a pagar una cirugía, vivo en California, es como una bofetada en la cara”, expresó.

Según cifras oficiales, unas 3,200 personas transgénero están alojadas en prisiones y cárceles del país.