Colectivos vulnerables sin ayuda: el efecto potencial de un recorte de fondos a las ciudades santuario

LOS ÁNGELES, California.- El fin de la financiación federal a las ciudades santuario tendría un impacto relativo en las urbes californianas que se declaran contrarias a colaborar con las autoridades federales en tareas de deportación, si bien los colectivos más vulnerables y los proyectos de infraestructuras serían los que saldrían peor parados.

Las órdenes ejecutivas firmadas este miércoles por el presidente Donald Trump incluyen instrucciones para que los organismos gubernamentales busquen la forma de bloquear los fondos que Washington reparte en todo el país para que no lleguen a las localidades que se declaren en rebeldía con sus planes contra la comunidad de indocumentados.

Esas partidas económicas federales sirven para pagar servicios que ayudan a los ancianos y desamparados, atención a niños con algún tipo de necesidad especial, así como iniciativas para embellecer parques, zonas comerciales y viviendas, al igual que operativos de vigilancia en instalaciones de importancia para las ciudades.

Aunque urbes como Los Ángeles y San Francisco figuran dentro de esa lista de localidades que se podrían ver afectadas por la restricción de fondos ( se reduciría un 6.2% y un 5.2% de su presupuesto, según City Lab) se prevé que las consecuencias más severas se experimenten en las ciudades pequeñas, como Cudahy, la primera del condado de Los Ángeles que oficialmente se declaró ‘santuario’ (2015), con el fin de cortar lazos con las autoridades migratorias para brindar más confianza a los inmigrantes, el 97% de su población.

Cada año, el gobierno federal le manda 325,000 dólares a través del programa Subvención para el Desarrollo Comunitario (CDBG). Con este fondo, el municipio financió el verano pasado parte del proyecto de 1.5 millones para remodelar el parque Lugo.

La pequeña municipalidad también cubre con recursos federales parte de los gastos de programas que asisten a los adultos mayores y la iniciativa 'Vecino Vigilante', que promueve la autoprotección en sus barrios.

“Mientras esta decisión que ha tomado el presidente Trump no llevará a la bancarrota, sí nos afectará en proyectos relacionados con parques y en programas de ancianos”, dijo a Univision Noticias el concejal Chris García, quien subrayó que seguirán velando por los derechos de los migrantes. “Vamos a seguir luchando”, enfatizó.

Si la administración Trump decide cerrarles el flujo de efectivo, Cudahy, con casi 24,000 habitantes, tendría menos oportunidades de concretar un proyecto que busca embellecer su principal calle, el bulevar Atlantic.

“Ese es otro ejemplo de cómo nos van a lastimar”, señaló el concejal.

Por su parte, La Puente, que hace unos días se unió a la lista de las ciudades santuario, estaría en riesgo un programa que otorga hasta 7,000 dólares para la reparación de viviendas.

Algunos legisladores estatales han planteado responder a la orden de Trump estableciendo un programa de reembolsos que compense los recortes a las ciudades santuario, dijo el senador Ricardo Lara.

“Habrá un gran impacto dependiendo de qué tan grande es la ciudad”, señaló Lara, quien no duda que el daño repercuta en otras regiones de EEUU. “Si se afecta a la economía de California se afecta a la de todo el país. Eso es un tipo de terrorismo doméstico”, agregó el senador.

A decir de una coalición de funcionarios electos de California, la orden de Trump no se acatará de manera inmediata, pues debe ser aprobada por el Congreso y quizás se lleve ante los tribunales.

Preocupación en Santa Ana

La ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, uno de los más conservadores de California, se declaró santuario de inmigrantes a principios de diciembre. Sus ediles votaron a favor de dicha ordenanza “sin importar las consecuencias”.

Fue una decisión que cayó con plomo en la jurisdicción donde surgió el movimiento antinmigrante que impulsó la Proposición 187, que pedía negar servicios sociales a los indocumentados, y que es bastión del grupo supremacista Ku Klux Klan (KKK).

El concejal Sal Tinajero dijo a la agencia City News Service que están preparados para los tijeretazos presupuestarios con una reserva de más de 41 millones en las arcas municipales y confiando que tales recortes no se implementarían hasta dentro de dos años.

“Estábamos operando como una ciudad santuario antes de declararlo oficialmente”, señaló el edil. “Pensamos en esto a fondo, me alegra que nos anticipamos a la toma de posesión (de Trump)”, añadió.

No está claro qué tan duro será el golpe en Santa Ana, donde casi el 80% de sus habitantes es hispano, pero el congresista Lou Correa cree que será significativo. “Todos, con o sin papeles, pagamos impuestos al gobierno federal y tenemos el derecho de recibir ese dinero”, señaló quien representa un distrito congresional que abarca a dicha municipalidad.

California es un estado que aporta a las arcas federales más dinero en impuestos del que posteriormente recibe en financiación de Washington para sus proyectos.

A decir del legislador federal, la ordenanza que prohíbe a la Policía de Santa Ana colaborar con ICE se basa en el combate a la delincuencia. “Queremos que nuestro pueblo esté más seguro y que coopere con los policías. Si le tienen miedo no van a reportar los crímenes”, comentó.

Temor en Huntington Park

Si bien la ciudad de Huntington Park, en el sureste del condado angelino y vecina de Cudahy, no se ha declarado oficialmente santuario, existe el temor de que por sus acciones a favor de los migrantes deje de recibir dinero de la administración Trump.

Ese municipio recibe alrededor de un millón de dólares al año. Parte de ese dinero se ha utilizado para el proyecto de embellecimiento de su calle más visitada, el bulevar Pacific, así como para mantener un programa que limpia viviendas donde se han registrado con altos niveles de plomo, indicó la concejala Karina Macías.

“Ese dinero se usa en la comunidad y si no lo tuviéramos sería muy difícil lograr esos proyectos”, señaló la funcionaria de una ciudad donde el 97% de sus 65,000 pobladores es de origen latino.

Huntington Park, dijo Macías, se unirá a los esfuerzos del gobierno estatal de oponerse a las políticas de Trump. “Hay un poco de preocupación en la comunidad, obviamente tenemos gente indocumentada que ha vivido aquí por años y estamos esperando qué va a pasar. Nuestra meta es defender a la comunidad”, comentó.

García, el concejal de Cudahy, cree que detrás de la decisión de Trump se esconde un sentimiento “antimexicano”, pero él confía en que el gobierno de California logre defenderlos, incluido en el ámbito legal.

“Vamos a mantener las ciudades santuario, vamos a defender los derechos de los migrantes y a trabajar con el estado de California para ver qué opciones tenemos”, dijo el edil.

‘Pone a la seguridad en riesgo’

Comparado con otras metrópolis que han salido en defensa de los indocumentados, Los Ángeles perdería menos fondos de la administración Trump, pero teme que basten para desestabilizar sus cuentas.

Sólo este ciclo fiscal espera unos 500 millones de dólares con los que pagará parte de la seguridad en su puerto y refugios para personas sin hogar.

Esa cifra no incluye el dinero que fluye a la Autoridad de Servicios para Desamparados en Los Ángeles, una agencia que administran el municipio y el condado. La entidad recibirá este año unos 23 millones de dólares a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Este miércoles, mientras el alcalde Eric Garcetti celebraba que siete escuelas angelinas compartirán un fondo federal de 30 millones de dólares para ofrecer servicios comunitarios y educativos a estudiantes y familias de bajos recursos, se preguntaba qué tanto les impactaría el plan de Trump.

“El recorte de fondos para cualquier ciudad, especialmente Los Ángeles, donde el 40% de los bienes de la nación entran a Estados Unidos por nuestro puerto y donde más de 80 millones de pasajeros viajaron por nuestro aeropuerto el año pasado, pone la seguridad personal y la salud económica de todo el país en riesgo”, expresó Garcetti en un comunicado.