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Inmigrantes indocumentados

California apura el plazo para poner fin al negocio de encarcelar inmigrantes

Los legisladores estatales podrían dar luz verde al cierre de los centros privados para detención de inmigrantes en California en menos de días, aunque la medida entraría en vigor en 2018.
23 Ago 2016 – 08:29 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- El negocio de encarcelar inmigrantes indocumentados en California podría tener los días contados si se aprueba una propuesta de ley que se espera que obtengta la luz verde de la Asamblea estatal antes del 31 de agosto, fecha en la que termina el período legislativo.

La iniciativa legal SB 1289, impulsada en febrero por el senador estatal Ricardo Lara, aspira a prohibir que los gobiernos municipales y de condados contraten los servicios de empresas privadas para albergar a personas sin un estatus legal en el país.

Si se aprueba dicha ley, los nuevos lineamientos entrarían en vigor el 1 de enero de 2018.

Miles en pocas cárceles

Actualmente, cuatro cárceles operadas por compañías privadas alojan a unos 3,700 inmigrantes en California, una cifra que corresponde al 85% de las personas bajo custodia de ICE, ya sea por procesos de deportación, audiencias migratorias pendientes o solicitudes de asilo político.

Se trata de los centros Adelanto, Otay Mesa, Imperial Regional y Mesa Verde.

El resto de los detenidos están en cárceles de condados que tienen acuerdos directos con ICE.

“Nuestros gobiernos locales y estatal no deberían ser cómplices de esta práctica ilegal de obtener ganancias a costa del sufrimiento humano”, expresó Lara.

El senador estatal insiste en los constantes reportes sobre los abusos de derechos humanos en los centros de detención de ICE, incluido el abuso físico y sexual, la falta de acceso a atención sanitaria y legal, el uso excesivo del régimen de aislamiento e incluso muertes.

El pasado fin de semana, organizaciones proinmigrantes exigieron el cierre del Centro de Detención en Adelanto, al que acusaron de “lucrarse con el sufrimiento" de la comunicad migrante y limitar la atención médica, lo que señalan como causa detrás de la muerte de tres personas entre 2012 y 2015.


Carlos Hidalgo, quien estuvo detenido en ese lugar en tres ocasiones, aseguró que el trato que recibió fue inhumano, que las condiciones de salud son mínimas y que se les cobran “cuotas extras”.

“Todo lo que es requerimiento médico lo limitan (…) Las porciones alimenticias son pequeñas. Uno pasa hambre ahí y si quieres más, hay que pagar un extra. Las llamadas telefónicas cuestan como 1.15 dólares el minuto”, contó el salvadoreño.

La Coalición de Jóvenes Inmigrantes (IJC) identifica tres fallecimientos de inmigrantes en Adelanto desde 2012. Ese año, perdió la vida Fernando Domínguez a causa de neumonía.

En abril de 2015 murió Raúl Ernesto Morales, quien empezó a sangrar de repente. Horas más tarde fue declarado muerto en un hospital.

“Él tenía cuatro años en el centro y se supone que deben hacer una revisión médica cuando entran, pero no se hizo, por lo que no se sabía que tenía cáncer intestinal”, señaló Luis Nolasco, del IJC.

El tercer caso ocurrió en diciembre de 2015, cuando José Manuel Azuridia Hernández sufrió un ataque al corazón.

Las ganancias

Un litigio pendiente entre las operadoras privadas de cárceles The GEO Group (GEO), encargada de Adelanto, y Corrections Corporations of America (CCA), responsable del centro Otay Mesa, impide que ICE proporcione cifras recientes sobre las ganancias, aunque se ha reportado que el organismo les paga alrededor de 164 dólares al día por cada migrante.

A nivel nacional, la retención de indocumentados requiere de un gasto anual de más de 2,000 millones de dólares por unas 450,000 personas que cada día permanecen bajo el resguardo de ICE.

Dicha agencia federal ha mencionado que debido a una política interna no puede comentar sobre la SB 1289, sin embargo ha recalcado que todas sus instalaciones de detención siguen altos estándares.

“Nuestros centros de detención contratados, al igual que todos los centros de ICE que albergan a inmigrantes detenidos, deben cumplir normas estrictas y están sujetos a inspecciones regulares y rigurosas”, señaló el organismo en un comunicado de prensa.

La legislación vigente autoriza que las juntas de supervisores de los condados y los cabildos municipales contraten entidades privadas como suplemento de los servicios de sus agencias del orden.

Debido a que el estado no puede marcar lineamientos al gobierno federal, aún con la entrada en vigor de la SB 1289, ICE seguiría teniendo la facultad de contratar directamente a empresas privadas. Sólo se evitaría que ciudades y condados sirvan como intermediarios.

El debate alrededor de la SB 1289 tiene lugar en un momento en el que el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que gradualmente se dejarían de usar penitenciarías privadas, aunque autoridades migratorias indicaron que tal decisión no afecta su sistema nacional de encarcelamiento de indocumentados.

El incentivo ‘perverso’

La preocupación de algunos activistas es que si cierran los centros privados que tienen acuerdos con ICE los migrantes serían enviados a otros estados, impidiendo así que los visiten sus familiares.

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), la propuesta de Lara en realidad brindaría un mejor trato a los detenidos, porque obliga a que el Gobierno federal se encargue directamente de éstos.

“Los centros privados de ICE tienen un incentivo perverso para que las personas se queden más tiempo ahí y no los conecten sus abogados, ni consulados”, afirmó Salas.

Otro componente del proyecto de ley de Lara es garantizar un trato digno a los inmigrantes exigiendo que los centros de detención sigan estándares nacionales, no solo recomendaciones.

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