Activistas de Black Lives Matter, simpatizantes y familiares de estas personas sostuvieron una junta comunitaria en la que expusieron los errores de la procuradora del distrito, Jackie Lacey, quien no procesó a los policías involucrados en las balaceras mortales. Desde su elección en 2012, más de 300 residentes han muerto por policías o bajo custodia de la policía.