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Multas

Tortillería en Houston debió pagar un millón de dólares por emplear a indocumentados

La suma fue el castigo que le impusieron a los dueños de La Espiga de Oro, quienes se declararon culpables de contratar a inmigrantes no autorizados para trabajar en Estados Unidos.
16 Ago 2017 – 7:14 PM EDT

HOUSTON, Texas. - Los dueños de una conocida tortillería, con cerca de 40 años en funcionamiento, entregaron un millón de dólares por emplear a indocumentados, anunciaron autoridades federales.

Los propietarios de la Espiga de Oro fueron acusados de “conspirar, inducir y fomentar la inmigración ilegal mediante la contratación y empleo de extranjeros ilegales”, según la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Este mes recibieron su sentencia, que además del decomiso pone a la empresa en un periodo condicional por 12 meses.

La investigación en contra de la tortillería se hizo pública el 4 de agosto de 2015, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en la fábrica, ubicada en el vecindario Heights, y encontraron a 10 indocumentados laborando en el lugar.


Durante el proceso, se obtuvo “evidencia que demuestra que el 55 por ciento de los empleados no estaban autorizados por ley para trabajar en la fábrica”, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La empresa, que arrancó en 1977, ha vendido sus productos a restaurantes y otras empresas en Texas, Luisiana y Colorado. Incluso tuvo contratos con la NASA y McDonald's, según el Houston Chronicle.

Las autoridades afirman que tenían a La Espiga en la mira tras recibir quejas sobre su manejo del personal entre el 2008 y el 2010.

"En algunos casos la compañía sabía que estos extranjeros estaban usando documentos fraudulentos para ser empleados", señaló ICE en un comunicado.

Una de las empleadas recibió una compensación de 30,000 dólares luego de perder tres dedos en un accidente laboral y el cheque fue emitido con su verdadero nombre, no el alias que había usado durante años, según el acuerdo de culpabilidad.

Además, informantes trabajaron en la empresa y le pasaron datos de sus prácticas laborales a las autoridades.

Alfredo Sosa Lira, de 72 años; su esposa Lydia Botello Lira, de 68; su hija Lydia Lira, de 25 años; y el gerente general de la fábrica Roberto Guerra, de 45 años, se declararon culpables de violaciones menores vinculadas a la contratación de los inmigrantes sin permisos de trabajo.


El millón de dólares decomisado será usado para investigar a otros empleadores que contraten a personas sin la autorización requerida.

Los inmigrantes indocumentados provenían de México, Guatemala y El Salvador y fueron contratados entre octubre del 2011 y agosto del 2015.

Tras la orden de allanamiento, los propietarios de la tortillería comenzaron a cooperar con HSI y la fiscalía para revisar sus prácticas de contratación y evitar futuras violaciones, según las autoridades federales.

Además, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) le impuso una multa de 83,360 a la compañía por infracciones. La Espiga llegó a un acuerdo en el 2016 en el que se compromete a mejorar la seguridad de sus empleados.

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