Recientemente el gobernador Greg Abbott firmó las leyes HB 7 y HB 800 para sancionar con un mínimo de 10 años de cárcel a quienes transporten inmigrantes indocumentados. Además, estas normativas permitirán la creación de una unidad de protección fronteriza. Sin embargo, expertos señalan que el gobierno estatal no puede interferir en el trabajo de la Patrulla Fronteriza. Kathia Quirós, abogada de inmigración, explica en detalle cuáles son los límites de estas leyes.