La League of United Latin American Citizens (LULAC) ha presentado una demanda colectiva en Washington D.C., ante el Tribunal de Distrito de Columbia. El objetivo es que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos.
Defensores civiles demandan al DHS por la amenaza de redadas de ICE en centros de votación que puedan "intimidar" a votantes
La organización de derechos civiles latinos más antigua del país ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante la posibilidad de que agentes armados de ICE acudan a los centros de votación.
Video ¿Seguridad Nacional contempla desplegar agentes de ICE en centros de votación?
El caso coloca nuevamente a ICE y las elecciones de 2026 en el centro de una disputa que ha generado preocupación entre grupos defensores del voto.
"La cuestión que debe resolver el tribunal no tiene que ver con la inmigración. Se trata de determinar si el Gobierno federal puede colocar agentes armados entre un ciudadano y la urna. El Congreso respondió a esa pregunta en 1865, y la respuesta fue no", declaró Roman Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de LULAC.
Junto con LULAC, también son demandantes Common Cause, UnidosUS, Democracy Forward, Public Rights Project y Denver, Colorado
La polémica: ¿agentes de ICE pueden entrar armados a los centros de votación?
Los grupos demandantes consideran que permitir la entrada de agentes armados en los sitios de votación constituye una forma de intimidación electoral, especialmente entre comunidades que mantienen una relación más vulnerable con las autoridades migratorias.
Pero la cuestión que sobrevuela el debate público es si realmente la ley ampara a la agencia federal de migración a hacer operativos en centros de votación.
El Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, preguntado por esta cuestión, no dejó clara la viabilidad de este tipo de operativos.
“ICE no estará allí para patrullar los centros de votación”, dijo Mullin a la prensa. Sin embargo, añadió que los agentes podrían estar presentes si existiera una amenaza contra el lugar o si estuvieran intentando ejecutar una orden judicial contra una persona a la que buscan.
“Si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó.
Fue precisamente este punto el que alarmó a los demandantes. Ya que, apuntaron que aunque no exista actualmente un plan confirmado para colocar agentes de ICE armados en las urnas, las declaraciones oficiales tampoco han cerrado por completo la puerta a que los agentes federales puedan aparecer allí bajo determinadas circunstancias como ejecutar una orden judicial.
Organizaciones denuncian estrategia de intimidación a familias mixtas
“Esta política causa daños incluso antes de que un solo agente cruce la puerta”, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC. “Cuando una abuela que lleva 40 años votando, una ciudadana naturalizada que va a emitir su primer voto o un joven cuyos padres no tienen estatus migratorio escucha que ICE podría estar esperando en los centros de votación, muchos de ellos se quedarán en casa. Ese es el efecto disuasorio, y afecta especialmente a las familias latinas con miembros que tienen distintos estatus migratorios", denunció.
Desde la asociación recuerdan que todas las auditorías, incluidas las realizadas por funcionarios electorales estatales de ambos partidos, han concluido que el voto de personas que no son ciudadanas es extremadamente poco frecuente. "No existe aquí ningún problema que los agentes armados puedan solucionar; lo único que pueden hacer es asustar a votantes que sí tienen derecho a votar y conseguir que no acudan a las urnas”, proclamó Proaño.
La demanda cuestiona las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, cuando declaró que los agentes de ICE pueden entrar en los lugares de votación para ejecutar órdenes judiciales.
LULAC sostiene que esta política "viola una ley federal promulgada en los últimos meses de la Guerra Civil, hace más de 150 años, que prohíbe al Gobierno estacionar personal federal armado en cualquier lugar donde se esté celebrando una elección, salvo para repeler a un enemigo armado de Estados Unidos", expresaron en un comunicado.
"No permitan que el miedo haga el trabajo de una política que estamos tratando de impugnar y detener”, afirmó Palomares, quien hizo un llamamiento a denunciar ante los tribunales la presencia de agentes armados.