HOUSTON, Texas. – Aumentan las presiones para el Juez federal Orlando García, encargado de decidir en una demanda colectiva contra la ley antisantuario SB4. El pasado domingo un grupo de líderes religiosos de Texas sometió una petición formal a la corte federal de San Antonio para que sus argumentos de oposición a la medida sean tenidos en cuenta antes de que se emita un fallo.
Cinco razones por las que líderes religiosos de Texas emprendieron una acción en contra de la ley SB4
Aunque dicen que religión y política no deben mezclarse, varios grupos religiosos de Texas obviaron esa recomendación y están aportando su granito de arena para tratar de ponerle freno a la ley SB4 antes de que entre en vigor el 1 de septiembre.

Una vocera de la Diócesis Episcopal de Texas confirmó a Univisión que habían emprendido esta acción y compartió el escrito que acompaña la petición.
“Esta ley representa una agenda antiinmigrante que nace del temor y es promovida por una sensación de privilegio, que pone en peligro la justicia para todos”, dijo el obispo Andrew Doyle, de la Diócesis Episcopal de Texas, en la carta, que también había sido enviada al gobernador Greg Abbott cuando se estaba discutiendo la medida en la legislatura.
En la petición, encabezada por la Diócesis Episcopal de Texas y avalada por otros líderes religiosos independientes y una organización interreligiosa estatal, se destacan cinco argumentos por los cuales la ley SB4 no debería implementarse en Texas:
Es una ley antiinmigrante que va en contra de los principios bíblicos cristianos.
Viola el imperativo moral de que amemos a nuestro prójimo, demos la bienvenida al inmigrante y nos preocupemos por los más vulnerables.
Institucionalizará el perfil racial y fomentará la discriminación contra las personas de color, separará familias, enviará un mensaje de que los inmigrantes no son bienvenidos y traerá miedo a comunidades enteras.
Es la más severa aprobada en los últimos años por una legislatura estatal que obligará a agentes de policía a servir como oficiales de inmigración y a detener y retener a los inmigrantes sin importar si la situación es injusta.
Impide a los policías locales establecer sus prioridades de seguridad pública y cumplir con su compromiso de proteger a los inmigrantes que son víctimas o testigos de delitos.
Amenaza para la economía y el bienestar infantil
Este martes un grupo de líderes empresariales de Houston y activistas proinmigrantes se sumaron a otras organizaciones que siguen manifestando su rechazo a la medida y advirtieron sobre los nefastos efectos para la economía estatal.
Calculan que Texas perderá al menos 9.2 millones de dólares de su producto interno bruto si no se frena la ley SB4. Los cálculos se basan en la presunción de que un 10% de los indocumentados abandonarán el estado y dejarán de pagar millones en impuestos federales, estatales y locales.
A finales de junio, Vince Ryan, el abogado del condado Harris, presentó una petición similar a la que sometieron los grupos religiosos el pasado domingo para tratar de frenar la controversial medida, pero argumentando que la ley perjudicará a los niños de Texas.
El funcionario dijo que, de llegarse a implementar la ley, los niños que están bajo la custodia del Servicio de Protección al Menor (CPS), y que son hijos de inmigrantes indocumentados, estarían en riesgo de quedarse huérfanos o de ser enviados a hogares temporales si sus padres son detenidos y deportados.
La oficina de Ryan hizo la solicitud luego de que los comisionados del Condado Harris se negaran a someter a votación la propuesta de unirse a la demanda colectiva en contra de la SB4.
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