El primer vuelo con migrantes de terceros países llegó el martes a Jamaica procedente de Estados Unidos, en el inicio de un criticado acuerdo bilateral que utiliza a la nación caribeña como centro de tránsito temporal para deportados.
Jamaica comienza a recibir deportados como parte de criticado acuerdo con EEUU
Estados Unidos envió a Jamaica a sus primeros 22 migrantes a terceros países bajo un acuerdo que los convierte en pasajeros de tránsito hacia otros destinos. El pacto genera críticas por la falta de transparencia y las dudas sobre sus implicaciones para la población jamaicana.
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Estos acuerdos, cuya legalidad será debatida por la Corte Suprema, se han vuelto cada vez más comunes durante la presidencia de Donald Trump, en la cual se han enviado migrantes a Liberia, Esuatini, Paraguay y otros destinos.
Los 22 migrantes —todos adultos, incluidas siete mujeres— fueron procesados rápidamente a su llegada al Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston y trasladados en autobús —con escolta policial— a un lugar no revelado.
No se permitirá el acceso a los medios de comunicación. Las autoridades jamaicanas afirman que están siguiendo los procedimientos diseñados para garantizar la implementación del acuerdo de manera “segura, ordenada y legal”.
La llegada del vuelo marca el inicio operativo de un memorando de entendimiento (MOU) bilateral firmado en junio de este año. En virtud del acuerdo, los migrantes no jamaicanos serán trasladados por vía aérea a la nación caribeña antes de ser enviados a sus países de origen u otros destinos.
Aunque los manifiestos oficiales de pasajeros y los horarios exactos de llegada se mantuvieron bajo estricta reserva, fuentes locales indicaron que el primer grupo estuvo compuesto en gran medida por ciudadanos sudamericanos. El gobierno jamaicano ya había confirmado que el programa limitará estrictamente las llegadas a “un máximo de 25 personas cada dos semanas”.
Tanto el Ministerio de Seguridad Nacional y Paz como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior intentaron tranquilizar nuevamente a la población el martes sobre los parámetros del acuerdo.
“El gobierno reitera que se trata de un acuerdo de tránsito destinado a facilitar el regreso de ciudadanos de terceros países a su nación de origen o hacia otros países receptores, con el apoyo de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)”, señaló el comunicado conjunto.
“El acuerdo no será financiado por el gobierno de Jamaica”, indicó el documento, agregando que “no se permitirá el tránsito por Jamaica a ningún ciudadano de un tercer país con antecedentes penales”.
Las dependencias subrayaron su compromiso con la transparencia y las normas internacionales.
El marco del acuerdo depende en gran medida de la OIM, que gestionará el alojamiento y la logística a través de su programa de Retorno Voluntario Asistido.
La ansiedad entre la población en torno a los aspectos logísticos se ha intensificado en los últimos meses. El Ministerio de Seguridad Nacional desestimó públicamente en junio pasado las afirmaciones “falsas y engañosas” de que se alojaría a los migrantes en la parroquia rural de Santa María, y aclaró que cualquier arreglo es únicamente responsabilidad de la OIM.
A pesar de las garantías, su implementación ha provocado una intensa fricción política en Kingston. El acuerdo ha recibido duras críticas de políticos locales y defensores de la transparencia, quienes afirman que se omitió por completo al Parlamento jamaicano durante las negociaciones y que varios detalles permanecen ocultos.
“Se le está pidiendo a los jamaicanos que confíen en un documento secreto que afecta su seguridad, a sus comunidades y servicios públicos”, argumentó Fitz Jackson, portavoz de la oposición en materia de seguridad nacional. Jackson ya había afirmado que no presentar el MOU ante el Parlamento constituye un “desprecio flagrante hacia el pueblo de Jamaica”.
Mark Golding, líder de la oposición jamaicana, ha exigido en repetidas ocasiones al gobierno que explique los beneficios tangibles que obtendría el país en virtud del acuerdo.
En respuesta a las constantes críticas, la ministra de Relaciones Exteriores, Kamina Johnson Smith, escribió el martes en la red social: X: “Hemos hecho todo lo posible por negociar este acuerdo de tránsito teniendo en cuenta la protección de Jamaica y del pueblo jamaicano”.
Añadió que no hay nada “perjudicial” en el acuerdo, pero que Estados Unidos no ha aceptado hacerlo público.
La inquietud va más allá del ámbito político. El obispo Alvin Bailey, líder de una alianza evangélica local, ha expresado un profundo escepticismo y se preguntó por qué Estados Unidos no podía deportar a las personas directamente a sus países de origen.
“Simplemente no confiamos en lo que dice el gobierno”, señaló Bailey anteriormente.