El gobierno de Trump retira las citaciones judiciales a tres periodistas de The New York Times tras admitir errores legales

Criticado por un juez federal debido a un trabajo legal descuidado, el gobierno retiró este jueves las citaciones judiciales que habrían obligado a tres periodistas de The New York Times a testificar sobre sus fuentes para artículos sobre el avión Air Force One regalado al presidente Donald Trump por Catar.

Los retiros en el Tribunal de Distrito de EEUU se produjeron tras un notable intercambio entre un visiblemente irritado juez Arun Subramanian y los abogados del gobierno. Estas acciones ocurren en un momento en que la administración Trump persigue con firmeza a organizaciones de noticias cuyos reportajes y cobertura no son de su agrado, al tiempo que intenta reprimir las filtraciones dentro del gobierno.

El repliegue del gobierno ante una firme oposición legal y una severa reprimenda por parte de un juez marcó el caso más reciente en el que el Departamento de Justicia da marcha atrás en sus agresivos esfuerzos por obligar a periodistas a identificar a sus fuentes ante un gran jurado. La administración retiró recientemente citaciones similares que buscaban obligar a testificar en Virginia a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal.

Subramanian dijo que, de lo contrario, habría concedido la solicitud del periódico de rechazar las citaciones, debido a que las leyes y regulaciones relativas a las citaciones notificadas a periodistas sostienen que estas deben emitirse como un último recurso en una investigación.

“Las citaciones son el último paso, no el primer paso, sino el último paso”, afirmó el juez, citando normas establecidas para proteger contra violaciones de la Primera Enmienda. Agregó que las acciones del gobierno habían puesto la ley y las regulaciones “de cabeza”.

Abogados del gobierno reprendidos por el juez

Subramanian señaló que, estando en juego las protecciones para los periodistas, el gobierno estaba obligado a garantizar que no podía obtener lo que necesitaba de ninguna otra fuente antes de emitir citaciones a los periodistas.

“Las citaciones no son lo primero que se hace, son lo último que se hace”, dijo en una audiencia en la que se mostró cada vez más acalorado e irritable durante su interrogatorio a los abogados del gobierno sobre los pasos que tomaron en su investigación.

“Cuando se ve algo como esto, si se tratara de un procedimiento civil, lo que normalmente haría es pedir a las partes que justifiquen por qué no deberían emitirse sanciones”, declaró el juez.

La audiencia fue pública a pesar de los esfuerzos de la administración Trump por mantener en secreto el litigio generado por las citaciones que notificó a los periodistas del Times para intentar que divulgaran sus fuentes.

Los abogados del periódico habían impugnado la validez de las citaciones del gran jurado, junto con las citaciones emitidas para obtener los registros telefónicos de varios periodistas del Times y de algunos de sus familiares. Altos ejecutivos del Times, incluidos el director editorial y el asesor jurídico general del periódico, estuvieron sentados en la sala observando los procedimientos del jueves.

La solicitud de los registros telefónicos planteó dudas sobre el alcance de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia.

La acción judicial ocurre tras reportajes sobre el nuevo avión Air Force One

El nuevo avión en cuestión, un regalo de Catar en el que la administración de Trump gastó 400 millones de dólares para reacondicionar y modernizar, entró en servicio recientemente. Sin embargo, Trump utilizó un modelo anterior del Air Force One para salir de una cumbre de la OTAN en Turquía a principios de este mes.

El Times, citando fuentes anónimas, informó que el cambio se realizó a instancias del Servicio Secreto y que el avión más nuevo carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas del Air Force One antiguo, incluidas capacidades antimisiles. En las redes sociales, Trump rechazó las afirmaciones sobre preocupaciones de seguridad.

El Times escribió en una carta al juez hace varios días que dos citaciones solicitan registros a partir del 1 de enero, mucho antes de que el periódico publicara el 8 y 9 de julio los artículos que se convirtieron en la base de las citaciones del gran jurado.

Señaló que el extenso periodo de registros solicitados indicaría que el propósito de las citaciones podría haber sido “rastrear información sobre las relaciones de las fuentes de los periodistas de manera más general”.

El Times argumentó que las citaciones de registros telefónicos debían desestimarse bajo el argumento de que el gobierno había actuado de “mala fe” e ignorado sus propios protocolos al no dar aviso previo a los periodistas de que se estaban solicitando dichos registros y al exigir la información “sin haber realizado primero una investigación seria”.

El Departamento de Justicia ha justificado las citaciones del gran jurado argumentando que “los reporteros no son el objetivo, sino quienes filtran información clasificada”.

El Departamento de Justicia también sostuvo que había cumplido con sus propias regulaciones al emitir las citaciones y que tomó pasos investigativos antes de solicitarlas. Afirmó que estaba autorizado para retrasar la divulgación de las citaciones, pero decidió alertar a los abogados de los periodistas para que pudieran impugnarlas.

Las citaciones adicionales incluyeron una solicitud de registros telefónicos de la madre de un reportero y de los cónyuges de dos de los periodistas. La moción señaló que la madre en cuestión es una profesional de la salud mental con relaciones confidenciales de clientes y que uno de los dos cónyuges es el asesor jurídico general de una firma de abogados.