Una reciente investigación en la que se entrevistó a más de 4,700 personas en todo el país arrojó que el 66% de los participantes quiere que la comunidad o una junta directiva pueda demandar a los oficiales que cometan una mala conducta y llevar los casos a juicio. El 75% de los hispanos apoya esta idea, al igual que el 86% de los afroestadounidenses.