Los afectados dicen que los incrementos son de 300 y hasta 500 dólares en los recibos de agua, luz y gas, hecho que, según relatan, nunca había sucedido. “Somos un pueblo trabajador, pero hay quienes nos quieren robar nuestro salario”, afirma uno de los denunciantes. Al respecto, abogados y activistas aseguran que se trata de una acción ilegal por parte de la administración y agregan que hay maneras de frenar este tipo de abusos.