Tras el operativo masivo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado 3 de abril en la empresa de teléfonos CVE, en el norte de Texas, docenas de ciudadanos protestaron pacíficamente frente a las instalaciones de la compañía para que les devuelvan su libertad. Además, varios de los afectados, que han sido liberados o lograron pagar una fianza, reclaman a la ensambladora auxilios económicos para cubrir los gastos necesarios de la defensa jurídica que deberán asumir a causa de la redada.