Para junio de 2020, todas las diócesis del mundo deben crear una oficina o "sistemas públicos, estables y de fácil acceso" para informar sobre presuntos abusos contra personas menores de edad o vulnerables, el incumplimiento de las pautas de abuso por parte de obispos o superiores, y casos de interferencia o encubrimientos en una investigación civil o canónica de sospecha de abuso.