La ley HB 2878 le pasa la responsabilidad al condado de otorgar los permisos para que estos carritos de comida puedan operar, pero también se deberá hacer cargo de las inspecciones de salubridad. Los propietarios dicen que esto no los beneficiaría y que también podría representar un aumento de costos. "Ellos deberían ayudarnos porque estamos haciendo las cosas bien y por la ley", dijo Lidia Zamora, una propietaria.