"Es un cambio importantísimo", dice un abogado experto en inmigración, quien explica que ahora el gobierno deberá evaluar cada caso por particular y definir si hay razones de peso para deportar o no a un inmigrante. La primera causa es que la persona represente una amenaza para la seguridad nacional; la segunda es que cuente con antecedentes penales y sea un riesgo para la seguridad pública y la tercera es que haya sido detenida en la frontera después del 1 de noviembre del 2020.