Las autoridades indican que quienes ejercen este tipo de explotación amenazan o causan daño físico a sus víctimas, restringen sus movimientos y retienen sus pagos o les hacen reducciones excesivas. Además, los amenazan constantemente con revelar, si lo tienen, su estatus migratorio irregular, les hacen pagos inferiores al salario mínimo y les exigen que cumplan horarios excesivos y sin pausas.