Se trata de una iniciativa llamada Acta de Unidad de Protección Fronteriza, la cual permitiría a miembros de la comunidad actuar como agentes migratorios y detener a personas indocumentadas que crucen la frontera irregularmente. Asimismo, la medida otorgaría inmunidad a los ciudadanos que actúen como oficiales de inmigración por cualquier responsabilidad criminal o civil que recaiga sobre ellos debido a una acción tomada que no esté contemplada en dicha ley.