Con una manifestación a las afueras de la corte en la que se desarrolla el juicio contra la exoficial, miembros de grupos civiles mostraron su desacuerdo por la manera en la que se ha llevado el caso. Afirman que si la víctima hubiese sido un funcionario público el responsable ya estaría tras las rejas y exigen la creación de una oficina de supervisión comunitaria para que atiendan crímenes que involucren a uniformados.