Una coalición de personas espera respuestas para asegurarse que lo establecido el pasado febrero, que tiene que ver con listas de presuntos grupos criminales, cuya información ya no puede ser compartida con agencias del gobierno local, estatal o federal, se lleve a cabo de manera correcta. Aseguran que esta información pueden usarse como excusa para negar empleo o vivienda, y en el caso de indocumentados, podría utilizarse para acelerar una deportación.