Cómo Trump está declarando "emergencias falsas" para ganar poder y justificar sus políticas más polémicas

Donald Trump volvió a echar mano este lunes de una declaratoria de emergencia para justificar una nueva polémica medida: el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC y la toma de control de su policía local por parte del gobierno federal, con el supuesto objetivo de reducir la inseguridad.

“Vamos a recuperar nuestra capital”, proclamó el presidente, flanqueado por los líderes del Departamento de Justicia, Defensa y del FBI.

Pero su iniciativa para “restablecer el orden público” no tardó en ser profundamente cuestionada, ya que las autoridades locales subrayan que el número de crímenes está disminuyendo en la capital estadounidense.

Según cifras oficiales de enero, “el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia en 2024 disminuyó un 35% respecto a 2023 y está en el nivel más bajo en más de 30 años”.

Sin embargo, anticipándose a las críticas y para tratar de respaldar su acción, Trump anunció que estaba declarando una emergencia de seguridad pública como base legal de su medida, lo que igualmente recibió numerosas críticas.

“Las acciones de la administración son sin precedentes, innecesarias e ilegales”, dijo el fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb. “No hay una emergencia de crimen en el Distrito de Columbia”, aseguró.

¿Son realmente situaciones de emergencia las señaladas por Trump como para ameritar poderes excepcionales del presidente?

Lejos de ser la primera vez, Trump ya ha recurrido en varias ocasiones a los poderes de emergencia para justificar polémicas decisiones: desde la imposición de aranceles a prácticamente todo el planeta, a expulsar a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador sin el debido proceso o desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles pese a la oposición del gobernador de California, entre otras.

“El presidente Trump está utilizando legítimamente su autoridad ejecutiva —como demuestran las numerosas victorias en los tribunales— para ofrecer resolución y alivio al pueblo estadounidense”, argumentó Taylor Rogers, una de las voceras de la Casa Blanca, en un comunicado publicado por The New York Times.

Jueces y tribunales inferiores han emitido fallos contra buena parte de las medidas de Trump que, en ocasiones, han sido suspendidos temporalmente después por cortes de apelación. La Corte Suprema, sin embargo, le ha dado luz verde temporal a muchas otras, sin pronunciarse sobre su legalidad.

No obstante, expertos legales ponen seriamente en duda los motivos que el republicano está esgrimiendo para proclamar en estos casos declaratorias de emergencia, que aumentan los poderes del presidente y permiten crear excepciones a las normas vigentes, como desbloquear fondos sin autorización previa del Congreso.

Por el contrario, aseguran que muchas de estas acciones de Trump no están autorizadas por las leyes que él mismo cita para justificarlas, sino que solo son el reflejo de su agresivo enfoque a la hora de aplicar la ley y que lo ha llevado a innumerables litigios legales que siguen su curso en los tribunales.

“Está declarando emergencias totalmente falsas para tratar de ampliar su poder, socavar la Constitución y destruir las libertades civiles”, le dijo a The New York Times en junio Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia y que representa a varias empresas que impugnan algunos de los aranceles de Trump.

“Declarar que todo es una emergencia comienza a movernos en la dirección de permitir el uso de la fuerza gubernamental y la violencia contra la gente que no te gusta”, declaró al mismo periódico Frank Bowman, profesor de Derecho de la Universidad de Missouri.

¿Qué otras declaratorias de emergencia declaró Trump en este mandato y también fueron cuestionadas?

La emergencia de seguridad pública en Washington DC para tomar el control federal de su policía local es solo la más reciente declaratoria de esta herramienta por parte de Trump, pero ya son varias las puestas en marcha en poco más de medio año de gobierno.

En su primer día de regreso en la Casa Blanca, de hecho, ya firmó una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional en la frontera con México, similar a la que ya adoptó durante su primer mandato, y que le daba luz verde para desplegar militares o desbloquear fondos federales para seguir con la construcción de su preciado muro.

“Al usar estas facultades para intentar resolver un problema persistente de políticas, Trump está usurpando el rol que la Constitución le otorga al Congreso”, criticó entonces el centro de estudios Brennan Center.

“Un mayor tráfico en la frontera no justifica lo que sigue siendo un mal uso de las facultades de declaración de emergencia”, agregó.

Nada más iniciar su segundo mandato, Trump también declaró una emergencia energética nacional para justificar más perforaciones de petróleo y gas, priorizar la producción de combustibles fósiles y reducir regulaciones ambientales con el objetivo, según su gobierno, de revitalizar la competitividad económica del país.

Aunque no consistió en una declaración formal de emergencia, en marzo, tras haber declarado al Tren de Aragua como “organización terrorista”, Trump argumentó que EEUU estaba en peligro de ser invadido por la banda venezolana para poder invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se había utilizado en tiempos de guerra en tres ocasiones en la historia, y poder realizar deportaciones expeditas de inmigrantes.

Los cuestionamientos acerca de que EEUU estuviese realmente siendo invadida y en situación de emergencia dio paso a un sinfín de recursos judiciales sobre esta polémica medida, que el gobierno utilizó pese a las prohibiciones de jueces para expulsar sin el debido proceso a cientos de venezolanos a la conocida “megacárcel” de El Salvador, pese a que nunca habían sido acusados formalmente ni juzgados por su supuesta pertenencia al Tren de Aragua.

El mes pasado, los venezolanos encarcelados en el Cecot fueron devuelto a su país de origen después de que Caracas accediera a liberar a 10 ciudadanos estadounidenses bajo su custodia.

Para justificar su política arancelaria, Trump declaró una emergencia nacional por los déficits comerciales, pese a que ningún número económico lo justificaba. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que le permitió la imposición de aranceles adicionales sin la aprobación del Congreso.

Como respuesta a la estrategia migratoria del gobierno de Trump y las redadas masivas, protestas ciudadanas tomaron las calles de lugares como Los Ángeles. También en este caso, el presidente aseguró que era necesario “revertir la invasión de delincuentes ilegales” para justificar el despliegue en la ciudad californiana de miles de marines y miembros de la Guardia Nacional, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom.

Las autoridades de California demandaron al gobierno federal por considerar ilegal una medida sin el consentimiento del gobernador.

La Casa Blanca respondió que Trump invocó poderes de emergencia discrecionales que no hacen necesario que el gobierno estatal solicite o apruebe la intervención federal “para suprimir una rebelión o para ejecutar las Fuerzas Armadas”.

El riesgo de abusar de los poderes presidenciales de emergencia en EEUU

Críticos con la estrategia de emergencias de Trump cuestionan además el hecho de que el presidente esté abusando de la flexibilidad de estas leyes que fueron creadas así, precisamente, para poder ser efectivas en caso de emergencias reales.

“Se producen auténticas emergencias, y el Congreso sabe que es lento”, opinó el profesor Bowman. “Quiere que los presidentes que actúan de buena fe se muevan con rapidez”.

Así, una de las preguntas más lógicas en este contexto parece ser la de cómo dar a los presidentes las herramientas necesarias para abordar emergencias, sin que con esas herramientas se puedan desmantelar pilares básicos de la democracia.

“La respuesta reside en el equilibrio de poderes de la Constitución, un equilibrio que se ha distorsionado peligrosamente”, respondió a este interrogante Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en el número de invierno 2024 de la publicación Democracy Journal.

“En un sistema funcional de poderes de emergencia, el Congreso delega autoridad extraordinaria en el presidente, pero conserva la capacidad de restringir dicha autoridad si este abusa de ella. Sin embargo, en nuestro sistema actual, el Congreso desempeña un papel demasiado débil”, argumentó.

“Sin reformas que fortalezcan la influencia del Congreso, un futuro presidente podría usar estos poderes para socavar no solo el proceso de formulación de políticas, sino la democracia misma”, vaticinó ya entonces la experta.

Sin embargo, el debate sobre una posible subjetividad a la hora de determinar qué es una emergencia y el posible uso partidario por parte de un presidente no es algo exclusivo del gobierno de Trump.

Ya en 1952, el juez de la Corte Suprema Robert Jackson hizo una famosa reflexión en un fallo en el que afirmó que los redactores de la Constitución “sabían lo que eran las emergencias, conocían las presiones que generan para que se tomen medidas autoritarias, y también sabían que ofrecen un pretexto fácil para la usurpación”.

“También podemos sospechar que sospechaban que los poderes de emergencia tenderían a provocar emergencias”, concluyó.

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