En un documento de 95 páginas, el tribunal determinó que los argumentos del gobierno federal no son suficientes para incluir el interrogante en el formulario, sin embargo, no declaró inconstitucional la pregunta. Aunque la Casa Blanca sostiene que esta es vital para proteger el derecho electoral de las minorías, expertos señalan que incluir el interrogante podría generar que 6,500,000 de personas dejen de participar del censo.