De acuerdo al documento de acusación, en el 2017 el político usó su poder al mando de una oficina pública y puso condiciones para otorgar los permisos de remodelación de una reconocida cadena de restaurantes que tiene una de sus franquicias en el vecindario Archer Heights. Presuntamente, una de las condiciones fue que su firma de abogados tuviera el contrato para preparar los impuestos de varios establecimientos de la popular cadena de comidas rápidas.