"Creemos que esta administración diseñó intencionalmente la regla para excluir a las personas de bajos ingresos", asegura la abogada Militza Pagán sobre la medida que entró en vigor el pasado lunes 24 de febrero y que permite negar la aprobación de visas, la residencia permanente o la ciudadanía a aquellos inmigrantes que puedan ser considerados como carga pública para el gobierno por el uso de diversos beneficios públicos como las estampillas de comida.