Esta actividad es muy importante para los estados y localidades pues determina la repartición de fondos federales para escuelas, centros de ancianos, centros comunitarios, clínicas de salud y transporte público, entre otros servicios. María Olmedo Maragón, gerente del Buró del Censo 2020, asegura que quienes filtren datos podrían pagar cinco años de cárcel o tener una multa de 250,000 dólares.