La decisión fue votada a favor de manera unánime por el comité y es catalogada como una victoria para diversas organizaciones que catalogan el listado como discriminatorio. La ordenanza prohibiría que se comparta la información con agencias federales, estatales y locales, entre otras medidas. De acuerdo a activistas, ser incluido en la base de datos puede afectar de manera adversa las decisiones de empleo y vivienda.