La propuesta obligaría a los departamentos de transporte y salud pública de la ciudad a involucrarse en los procesos de demoliciones que quieran llevar a cabo empresas o compañías recicladoras, ya que estos tendrían que investigar e incluso presentar un reporte firmado acerca de dicha indagación. La iniciativa será discutida a lo largo de este miércoles por el concilio municipal.