Tras 10 años de lucha, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la Asociación de vecinos de Central Austin, llegaron a un acuerdo con la ciudad sobre una demanda entablada en el 2011, que acusaba a la policía de Chicago de violar la Ley de Derechos Humanos de Illinois. La querella revelaba que los tiempos de respuesta que daba la policía a las llamadas de emergencia que recibían desde vecindarios con población mayoritaria de hispanos y afros eran mucho mayores a los de zonas anglosajonas.