EEUU adjudica contrato de 150 millones de dólares a firma de abogados vinculada a Trump para defensa de niños migrantes

La administración Trump ha otorgado un contrato de 150 millones de dólares para brindar representación legal a niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos a un pequeño bufete de abogados de Texas con vínculos con la administración, pero con poca experiencia en derecho migratorio, lo que ha llevado a los grupos de asistencia legal que durante mucho tiempo han representado a esos niños a advertir que esta medida podría hacerlos vulnerables a la deportación.

El contrato con el bufete Burke Law Group, con sede en Houston, se produce en un momento en que la administración Trump intensifica su campaña de deportaciones masivas en todo el país, y después de que la semana pasada dejara expirar, sin reemplazo, un contrato clave con una red de organizaciones legales que trabajan con niños inmigrantes en todo el país. Los proveedores de servicios legales han expresado cada vez más su preocupación de que los niños no reciban la asistencia legal especializada que necesitan, en un momento en que la administración está intensificando sus esfuerzos para expulsar a personas del país.

Michael Lukens, director del Centro Amica, calificó de "perturbadora e impactante" la idea de que la administración hubiera otorgado el contrato por adjudicación directa a la empresa texana.

“Esto presagia una situación en la que los niños no tendrán un debido proceso legal adecuado, ni un juicio justo. No podemos confiar el cuidado de los niños a un bufete de abogados cualquiera”, dijo Lukens.

Los grupos afirmaron que el contrato anunciado el martes solo se aplica a los niños que actualmente se encuentran en albergues gubernamentales y que el gobierno tendría que emitir otro contrato que cubra los servicios para los niños migrantes que no están en el sistema de albergues. Lukens indicó que actualmente hay alrededor de 1800 niños viviendo en albergues y aproximadamente 22 000 viviendo fuera con patrocinadores, como familiares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa la agencia gubernamental responsable del cuidado de los niños migrantes no acompañados, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El contrato se adjudica a una empresa vinculada a la administración Trump

El gobierno de Trump anunció el martes por la noche que contrataría a Burke, con sede en Houston, para brindar servicios legales a menores no acompañados. El contrato, con una duración de un año, comienza el 15 de agosto.

Solo dos de los 25 abogados que figuraban en la página web del bufete el miércoles por la mañana afirman tener experiencia relevante en derecho de inmigración en sus biografías.

Muchos de los demás miembros del bufete son abogados corporativos con vínculos con causas conservadoras y con el presidente Trump. La fundadora del bufete, Marcella Burke, trabajó durante la primera administración de Trump como abogada en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior.

En su lista figuran, entre otros, Justin Shubow, principal defensor de los esfuerzos de Trump por exigir que los edificios federales se adhieran a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y antiguo miembro designado por Trump para la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El destacado jurista conservador Ilya Shapiro aparece como "asesor principal".

Ni la empresa ni su fundador respondieron de inmediato a los mensajes en los que se solicitaban comentarios.

El aviso indica que el contrato de Burke es un “acuerdo de cooperación de fuente única”, lo que significa que la administración seleccionó a la empresa sin un proceso de licitación competitivo. No ofreció ninguna justificación para eludir las normas de licitación habituales.

El gobierno está obligado a facilitar la representación legal

Los niños migrantes, en particular, son considerados especialmente vulnerables debido a su edad y suelen quedar bajo la tutela del gobierno estadounidense. Una vez en Estados Unidos, cuentan con diversas protecciones legales, como la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que exige al gobierno facilitar representación legal a los menores sometidos a procesos de deportación.

Hasta hace poco, esa representación la llevaba a cabo una red de casi 100 proveedores de asistencia jurídica en todo el país, que impartían formación sobre derechos a los niños en albergues y los representaban directamente en los procedimientos judiciales.

Pero el viernes pasado fue el último día de ese contrato y, hasta el martes por la noche, no estaba claro si se firmaría un nuevo contrato y, de ser así, quién realizaría el trabajo.

Además de la incertidumbre contractual, los proveedores de asistencia jurídica afirman que han tenido dificultades para cobrar por el trabajo realizado desde noviembre pasado. Los grupos señalan que la administración les exige información detallada sobre sus clientes, información que, según ellos, no pueden proporcionar por motivos éticos.

Los defensores legales afirman haber observado otras tendencias preocupantes. Desde abril, los tribunales comenzaron a tramitar decenas de casos simultáneamente en los llamados "procesos acelerados", y las audiencias de los niños inmigrantes se han adelantado, con menos tiempo para prepararse.

Los correos electrónicos a los proveedores y la presencia de varios abogados en los tribunales generan confusión

Otros sucesos recientes han suscitado dudas sobre las intenciones de la administración con respecto a la representación legal de los niños y han causado confusión.

La agencia Associated Press obtuvo correos electrónicos enviados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia federal responsable de supervisar a los menores migrantes no acompañados, a los abogados que representan a estos niños bajo custodia federal. En los correos, enviados a última hora del martes, se solicitaban los números de identificación personal de sus clientes y se pedía a los abogados que respondieran en un plazo de cuatro horas confirmando su comparecencia para representarlos en las próximas audiencias.

No quedó claro de inmediato por qué la administración estaba haciendo tales peticiones a los abogados de los niños.

Por otra parte, abogados en tribunales de todo el país afirmaron que sus audiencias fueron interrumpidas por letrados que alegaban que la administración Trump les había pedido que se hicieran cargo de los casos de los niños sin previo aviso.

En una audiencia celebrada el miércoles por la mañana en Chicago para menores inmigrantes detenidos no acompañados, un abogado que no representaba a ninguno de los niños apareció repentinamente por videoconferencia, en un intercambio presenciado por un reportero de Associated Press.

La abogada declaró que pertenecía al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, un grupo de asistencia jurídica, y que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se había puesto en contacto con la organización para que representara a niños sin asistencia jurídica debido a una falta de servicios legales. Añadió que su organización había recibido del gobierno federal la información privada de los niños, incluidos sus nombres y números de identificación.

El juez dijo que, dado que todos los niños ya tenían abogados, no iba a permitir que nadie viera la transmisión de vídeo, y el abogado externo se retiró.

Laura Smith, abogada que representa a algunos de los niños, expresó su confusión sobre la presencia de esa persona: "Parece que se trata de alguien que tiene información sobre mi cliente".

El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes remitió las preguntas de Associated Press a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Alexa Sendukas, abogada directora del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston Houston, dijo que uno de los abogados de su organización presenció una confusión similar en un tribunal de Houston el miércoles por la mañana y que su organización había tenido conocimiento de situaciones similares en otros tribunales de todo el país.