Condenan a hombre de Bowie por fraude en apoyos para COVID-19

Un fiscal sentenció a 68 meses en una prisión federal a Samuel Morgan Yates, de 35 años, por violaciones federales relacionadas con un esquema de fraude de apoyos de COVID en el Distrito Este de Texas.

El hombre de Maud, Texas, se declaró culpable de fraude electrónico el 6 de mayo de 2022. A Yates también se le ordenó pagar $1,066,432 en multas monetarias por restitución y decomiso.

Según las investigaciones, el 14 de abril de 2020 Yates presentó dos solicitudes fraudulentas de fondos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) autorizado por la Ley federal de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus promulgada por el Congreso a fines de marzo de 2020.

Afirmó falsamente que necesitaba los fondos para su negocio.

En la primer solicitud, Yates solicitó $5 millones afirmando de manera fraudulenta que tenía más de 400 empleados con una nómina mensual promedio de más de $2 millones. En la segunda solicitud, Yates afirmó emplear a más de 100 personas y pudo obtener un préstamo de más de $500,000.

Con cada solicitud, Yates presentó una lista de supuestos empleados que obtuvo de un generador de nombres aleatorios disponible públicamente en Internet. También presentó documentos fiscales falsificados con cada solicitud.

Yates acordó perder los $504,715.40 incautados de una cuenta que tenía en una cooperativa de crédito de Texarkana, así como $28,500.60 adicionales.

¿Cuáles eran los apoyos?

La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.

Una fuente de alivio provista por la Ley CARES fue la autorización de hasta $349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $300 mil millones en fondos adicionales de PPP.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1 por ciento. Los ingresos del préstamo PPP deben ser utilizados por las empresas en costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos.

Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de la SBA y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. El abogado litigante Louis Manzo de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Jefe Criminal Frank Coan y el Fiscal Federal Auxiliar Jonathan R. Hornok para el Distrito Este de Texas estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

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