El fiscal federal de Seattle despedido por Trump minutos después de haber sido nombrado por jueces demandó al gobierno

El fiscal federal principal de Seattle, quien fue despedido la semana pasada menos de una hora después de tomar posesión de su cargo, presentó el martes una demanda por su destitución, lo que da inicio a un desafío legal contra los esfuerzos de la administración de Trump por colocar a sus propios candidatos en los puestos clave del departamento de Justicia.

Roger Rogoff es el más reciente de una serie de fiscales federales designados judicialmente que han sido destituidos de sus cargos por la administración de Trump, pero se cree que es el primero de ese grupo en presentar una demanda por su destitución. Su acción da lugar a un proceso judicial que pondrá a prueba la autoridad del departamento de Justicia para nombrar —y destituir— a los fiscales.

Rogoff fue nombrado por unanimidad para el cargo de fiscal federal del oeste de Washington por los jueces federales del distrito. Sin embargo, poco después de tomar posesión el miércoles pasado, recibió un correo electrónico de la administración de Trump en el que se le informaba que el presidente Donald Trump había ordenado su destitución.

La demanda sostiene que el despido repentino fue inconstitucional y que ignoró la autoridad de los jueces del distrito para nombrar a Rogoff en el cargo hasta que la vacante pudiera cubrirse mediante un candidato confirmado por el Senado.

"Las acciones del presidente violan la ley e ignoran las garantías de la Constitución de los Estados Unidos", afirmó Rogoff en un comunicado emitido a través del bufete de abogados que lo representa. "Mi destitución, al igual que la de otros fiscales federales designados por los tribunales en todo el país, es ilegal y no puede mantenerse".

Los fiscales federales suelen ser nominados por el presidente

Los fiscales federales supervisan las oficinas regionales del departamento de Justicia en todo el país y suelen ser nominados por el presidente, para luego ser confirmados por el Senado. En caso de vacante, los fiscales generales tienen la autoridad para nombrar a un fiscal federal interino que puede desempeñar el cargo durante 120 días. Cuando los nombramientos temporales expiran antes de que se confirme a un candidato, los jueces de un distrito judicial pueden nombrar a un fiscal federal, como ocurrió en el caso de Rogoff.

Sin embargo, bajo el mandato de Trump, el departamento de Justicia ha buscado mantener en sus cargos de manera indefinida a los fiscales no confirmados o ha tomado medidas para despedir a los fiscales nombrados por los tribunales.

El departamento de Justicia declaró el martes que "el tribunal de distrito no se coordinó con el departamento de Justicia en esta selección. Al igual que en otros despidos de este tipo, esto recae totalmente dentro de la autoridad del presidente".

Incluso antes de que Rogoff fuera despedido, señala la demanda, el fiscal general interino Todd Blanche dio a entender su intención de despedir a quienquiera que los jueces seleccionaran, señalando que no contaban con el apoyo del presidente.

Horas más tarde, tras su despido, Blanche publicó: "Los jueces de los tribunales de distrito pueden nombrar a un fiscal federal temporal, y el presidente de los Estados Unidos puede despedirlos". Los jueces del distrito occidental del estado, dijo, "abandonaron el proceso tradicional de consulta con la administración para garantizar que el fiscal federal seleccionado esté calificado para servir en la administración. Roger Rogoff ha sido destituido por el presidente".

Es un distrito que no ha tenido un fiscal federal confirmado por el Senado desde 2023

El distrito de Rogoff no ha tenido un fiscal federal confirmado por el Senado desde 2023. Rogoff presentó su candidatura ante la magistratura federal en enero pasado, después de que los jueces manifestaran su intención de cubrir una vacante generada al concluir el mandato de 120 días de Charles Neil Floyd, quien había sido nombrado para el cargo el año pasado por la entonces fiscal general Pam Bondi.

Otras jurisdicciones que han sido escenario de disputas entre el poder judicial y el ejecutivo por los cargos de fiscal incluyen a Nueva Jersey, donde la exabogada personal de Trump, Alina Habba, renunció en diciembre después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que había estado ocupando el cargo de manera ilegal.

Lindsey Halligan, otra de las abogadas personales de Trump que fue nombrada por el gobierno, dejó su cargo como fiscal federal interina en Virginia después de que un juez concluyera que su nombramiento era ilegal y que las acusaciones que había presentado contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, debían ser desestimadas.