Las familias de dos ciudadanos trinitenses asesinados en un ataque naval de la administración Trump el pasado mes de octubre demandaron el martes al gobierno federal, calificando el hecho como crimen de guerra y como parte de una "campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal".
Familias de dos hombres muertos en ataques contra embarcaciones en el mar Caribe demandan al gobierno de Trump
Las familias de dos hombres que murieron en un ataque naval de la administración Trump el pasado mes de octubre demandaron al gobierno federal, calificando el hecho como crimen de guerra.
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La demanda fue presentada por la madre de Chad Joseph y la hermana de Rishi Samaroo, dos ciudadanos de Trinidad que se encontraban entre las seis personas asesinadas en el ataque con misiles del 14 de octubre contra un barco que viajaba de Venezuela a Trinidad.
Según la demanda, los hombres no eran miembros de ningún cártel de la droga, sino que habían estado pescando en aguas de la costa venezolana y regresaban a sus hogares en Trinidad y Tobago.
Los dos habían conseguido que los llevaran a Las Cuevas, una comunidad pesquera de donde eran originarios, en una pequeña embarcación que fue blanco de un ataque anunciado en Truth Social por el presidente Donald Trump.
La acción judicial pondrá a prueba la justificación legal de los ataques de la administración Trump contra decenas de pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, que el gobierno asegura eran de organizaciones "narcoterroristas" que transportaban drogas destinadas a Estados Unidos.
La ofensiva, iniciada en septiembre de 2025, acumula hasta la fecha al menos 126 muertes —incluyendo a los que se dan por muertos tras desaparecer en el mar, según confirmó el lunes el ejército estadounidense— y forma parte de la campaña "Lanza del Sur", que desplegó un portaviones y decenas de barcos y aviones de guerra frente a las costas de Venezuela.
Esta operación ocasionó la captura del venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas el pasado 3 de enero, en una acción militar que los sacó de Venezuela para ser juzgados en Nueva York por presunto narcoterrorismo.
"Asesinatos injustificados", dice la demanda contra el gobierno de Trump
Los funcionarios del gobierno de Trump han defendido la campaña como necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero muchos expertos jurídicos afirman que constituyen una violación flagrante de las leyes de los conflictos armados.
Pero, según la demanda, "estos asesinatos fueron injustificados porque tuvieron lugar fuera de un conflicto armado y en circunstancias en las que el Joseph y Samaroo no participaban en actividades que representaran una amenaza concreta, específica e inminente de muerte o lesiones físicas graves, y en las que existían medios distintos de la fuerza letal que podrían haberse empleado razonablemente para neutralizar dicha amenaza".
El documento menciona muchas de las preocupaciones que se han expresado con frecuencia sobre los ataques a las pequeñas embarcaciones, señalando, por ejemplo, que se han llevado a cabo sin la autorización del Congreso y en un momento en el que no existe ningún conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles de la droga que, según las leyes de la guerra, pudiera justificar los ataques letales.
"Estos asesinatos premeditados e intencionados carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, se trató simplemente de asesinatos, ordenados por personas de los más altos niveles del Gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando", afirma la demanda.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en un comunicado que el ataque "se llevó a cabo contra narcoterroristas designados que traían veneno mortal a nuestras costas".
El presidente Trump utilizó su autoridad legal para tomar medidas decisivas contra el flagelo de las drogas ilícitas que ha provocado la muerte innecesaria de estadounidenses inocentes
Primera acción judicial por la campaña militar contra lanchas
Esta sería la primera demanda que cuestiona la legalidad de los ataques a barcos en los tribunales, según Jen Nessel, portavoz del Centro para los Derechos Constitucionales, cuyos abogados forman parte del equipo que presentó el caso.
Nessel afirmó en un correo electrónico a AP que el centro también ha presentado una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información para solicitar que se haga pública la justificación legal de los ataques.
Jeffrey Stein, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que también presentó la demanda, dijo a los periodistas el martes que la demanda busca una indemnización por daños y perjuicios que se determinará después del juicio.
En diciembre pasado la familia de un colombiano asesinado en un ataque militar estadounidense contra una embarcación en el Caribe presentó una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La familia de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, quien murió el 15 de septiembre, rechazó las afirmaciones de que hubiera drogas en la embarcación atacada por militares de EEUU, e insistió en que era un pescador que solo hacía su trabajo en mar abierto.
"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", se lee en la denuncia, reportada por AFP