ANNAPOLIS, Maryland.- Maryland enfrenta una posible crisis financiera sin precedentes ante el creciente número de demandas por abuso sexual infantil presentadas contra entidades públicas, cuyo costo podría alcanzar hasta 60,000 millones de dólares, según legisladores estatales.
Maryland enfrenta posible responsabilidad de $60 mil millones por demandas de abuso infantil
Debido a la Ley de Víctimas Infantiles, el estado ha recibido más de 12,000 demandas contra instituciones públicas, lo que podría poner en peligro las finanzas estatales.
Marylan podría pagar 60 mil millones de dólares por demandas de abuso sexual infantil.
Imagen AP.
Más de 12,305 denuncias han sido interpuestas bajo la Ley de Víctimas Infantiles, aprobada en 2023, la cual eliminó el plazo de prescripción para que sobrevivientes de abuso sexual infantil puedan presentar demandas, incluso por hechos ocurridos décadas atrás.
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La avalancha de litigios ha generado preocupación porque el estado no ha presentado un plan público claro para financiar posibles indemnizaciones, en medio de presiones presupuestarias y mayor escrutinio de agencias calificadoras, según un reportaje de Spotlight Maryland.
En mayo de 2025, Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de Maryland por primera vez en casi 30 años, tras advertencias previas sobre su panorama fiscal.
Demandas involucran instituciones públicas
Las demandas involucran a múltiples instituciones públicas, incluidos centros de detención juvenil, escuelas y sistemas de acogida. Entre los demandantes se encuentra David Madison, quien asegura haber sido abusado mientras estaba recluido en el Centro de Detención Juvenil de Cheltenham.
“Un miembro del personal nos encerraba en nuestra habitación por la noche. Dejaban nuestros zapatos afuera. Las personas que supuestamente nos protegían tenían las llaves para hacer con nosotros lo que quisieran”, relató Madison en marzo de 2025.
Su testimonio refleja una ola de acusaciones que, según abogados y legisladores, podría superar ampliamente una estimación previa de 4,900 millones de dólares en costos para los contribuyentes.
Reclamaciones podrían estar sujetas a límite de responsabilidad
La Oficina del Fiscal General de Maryland indicó que muchas reclamaciones podrían estar sujetas a un límite de responsabilidad de 890,000 dólares por incidente, en lugar del tope de 400,000 dólares aprobado recientemente para casos futuros.
El senador estatal republicano Chris West advirtió que esa diferencia podría disparar la exposición financiera del estado.
“Si se permite recuperar daños por múltiples incidentes, eso podría ascender a 60,000 millones de dólares”, afirmó.
Esa cifra se aproxima al presupuesto anual del estado, lo que intensifica la preocupación sobre cómo Maryland podría absorber ese impacto mientras enfrenta un déficit estructural proyectado de 4,000 millones de dólares en los próximos años.
El delegado estatal demócrata CT Wilson, principal impulsor de la ley, defendió la medida pese a las implicaciones fiscales.
“No puedo quedarme de brazos cruzados y abandonar a las personas que han sido víctimas, porque es muy costoso”, dijo. Añadió que espera que las autoridades investiguen a fondo cada caso para verificar su legitimidad.
Por su parte, el presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, señaló que el proceso debe resolverse en los tribunales antes de definir costos concretos.
“Esto tiene que resolverse mediante litigio. Idealmente, mediante negociaciones para llegar a acuerdos”, dijo, al tiempo que advirtió que fijar montos anticipados podría influir en dichas negociaciones.
Falta de estrategia de financiamiento
La falta de una estrategia de financiamiento ha encendido alarmas entre analistas fiscales, especialmente ante posibles impactos en el endeudamiento estatal y la emisión de bonos.
En otros estados, como California y Nueva Jersey, se han creado fondos de compensación o mecanismos de pago a largo plazo para enfrentar demandas similares. Maryland, sin embargo, aún no ha anunciado un plan comparable.
Mientras tanto, para sobrevivientes como Madison, el enfoque está en la rendición de cuentas.
“Creo que deberían rendir cuentas”, afirmó.
Aunque miles de casos ya están en curso, el costo final para los contribuyentes y el impacto a largo plazo en las finanzas del estado siguen siendo inciertos.
“No será una sola cifra”, dijo Ferguson. “Probablemente serán pagos distribuidos a lo largo del tiempo”.
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