Un juez de Columbia suspende la restricción de visas de Trump a investigadores de desinformación

La medida del juez James Boasberg también frena de momento la expulsión de personas extranjeras especializadas en el análisis de la desinformación en internet

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El juez James Boasberg, de la corte de distrito de Columbia, ordenó la suspensión momentánea de medidas que pretenden el retiro de visas y la expulsión de personas extranjeras especializadas en el análisis de la desinformación en internet.

La demanda fue presentada por la Coalición para la Investigación Tecnológica Independiente, la cual está integrada por académicos y periodistas que realizan actividades de verificación de datos.La representación legal de esta agrupación, coordinada por el Instituto Knight de la Universidad de Columbia y por el colectivo Protect Democracy, argumentó que la disposición del gobierno vulnera las garantías individuales contenidas en la Constitución de Estados Unidos.

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El juzgado consideró válidos los planteamientos presentados por los demandantes en relación con la transgresión a la libertad de comunicación y de asociación. En el documento de 58 páginas que sustenta la resolución, el juez Boasberg expuso que los investigadores extranjeros en territorio estadounidense enfrentan afectaciones a su estatus de permanencia debido a las labores de análisis que realizan.

El juzgado determinó la probabilidad de que la demanda obtenga una sentencia definitiva a favor de los demandantes por la existencia de vicios de legalidad en la norma.

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El origen de la demanda

En mayo del año 2025, el gobierno anunció la regulación con el propósito de sancionar a personas de otros países a las que el departamento identifique por supuesta participación en actos de censura contra habitantes de Estados Unidos. El plan gubernamental incluyó sanciones de visado que abarcan la detención, la denegación de ingreso y la deportación de los investigadores dedicados a la seguridad de plataformas en línea.

La administración de Donald Trump justificó la adopción de la política de restricción migratoria en la defensa de la libertad de expresión frente a las medidas de moderación aplicadas por las corporaciones tecnológicas.

El Departamento de Estado aplicó sanciones de visado contra cinco ciudadanos europeos en diciembre, bajo el argumento de que dichos individuos forman parte de una estructura orientada a la censura en el entorno virtual.

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Una decisión momentanea

Entre los ciudadanos que recibieron la sanción de visado por parte de las autoridades estadounidenses se encuentran Imran Ahmed, directivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, y Clare Melford, cofundadora del Índice de Desinformación. Ambas personas y sus respectivas instituciones forman parte del grupo que promovió la acción judicial que derivó en la suspensión dictada por el tribunal de Columbia. La Unión Europea, Francia y Alemania consideraron la medida como un intento de coacción e intimidación.

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El fallo del juez Boasberg detiene de manera provisional toda acción administrativa del Departamento de Estado que busque sancionar a investigadores extranjeros bajo el criterio de su participación en la moderación de contenidos.

Los abogados de la coalición señalaron que la determinación judicial neutraliza los efectos de la medida sobre el desarrollo de las investigaciones de seguridad digital. El gobierno de Estados Unidos no difundió aclaraciones respecto al fallo judicial ni detalló los pasos que tomarán los representantes de la administración ante el dictamen emitido por la corte de distrito. El litigio continuará en las cortes correspondientes para resolver el fondo de la controversia constitucional sobre la validez de las medidas de control migratorio.

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