ORLANDO, Florida.- La administración del presidente Donald Trump reactivó la política de "public charge" (carga pública), una regla que podría impedir que algunos inmigrantes obtengan la residencia permanente si reciben determinados beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o vales de vivienda.
Trump reactiva regla que niega la green card a inmigrantes de bajos ingresos: ¿a quién afecta?
La medida conocida como carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre y aplicará a ciertos solicitantes de residencia permanente.
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La medida apareció este jueves en el Registro Federal y será publicada oficialmente el 20 de julio. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la regla entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
La política ya había sido implementada durante el primer mandato de Trump, en febrero de 2020, pero fue revocada posteriormente por la administración de Joe Biden.
Según USCIS, la medida busca reforzar el principio de que quienes solicitan la residencia permanente deben demostrar que pueden mantenerse económicamente sin depender de programas de asistencia pública.
"La administración federal está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses", señaló la agencia en un mensaje publicado en redes sociales.
La decisión forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración Trump, que en los últimos meses también ha incrementado las deportaciones y las acciones de control migratorio tanto para inmigrantes indocumentados como para algunos grupos con estatus legal.
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¿Quiénes podrían verse afectados en Florida?
La nueva regla no aplica a todos los inmigrantes, sino principalmente a quienes están solicitando la r esidencia permanente mediante un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o una visa de inmigrante desde el extranjero. USCIS evaluará si el solicitante podría convertirse en una "carga pública" considerando distintos factores establecidos por la ley, entre ellos su situación financiera y el posible uso de determinados beneficios públicos.
En Florida, donde residen millones de inmigrantes y numerosas familias de estatus migratorio mixto, la medida podría generar preocupación entre personas que actualmente tramitan una green card a través de un familiar o un empleador. Sin embargo, la legislación y las guías oficiales mantienen exenciones para varias categorías, entre ellas refugiados, asilados, algunos beneficiarios de visas humanitarias y menores con estatus especial, quienes no están sujetos a esta evaluación de carga pública.
Durante la aplicación de la versión anterior de esta política, organizaciones comunitarias y grupos de defensa de inmigrantes reportaron que muchas familias dejaron de solicitar servicios de salud, asistencia alimentaria y otros beneficios para los que podían ser elegibles por temor a que su uso afectara futuros trámites migratorios. Un análisis de KFF (Kaiser Family Foundation) señaló que la regla generó un "efecto paralizador" ( chilling effect) que llevó a algunas personas a evitar programas como Medicaid y otros servicios públicos por confusión o miedo a consecuencias migratorias.
La preocupación también fue documentada por el Urban Institute, que encontró que uno de cada siete adultos en familias inmigrantes reportó haber evitado programas de beneficios públicos por temor a poner en riesgo una futura solicitud de residencia permanente. Entre familias inmigrantes de bajos ingresos, la proporción aumentó a más de uno de cada cinco adultos.
Expertos en salud pública advirtieron que ese temor podría reducir el acceso a servicios médicos y programas de nutrición, con posibles consecuencias negativas para la salud de inmigrantes y sus hijos ciudadanos estadounidenses. Investigadores del New England Journal of Medicine señalaron que cambios amplios en la regla de carga pública podían afectar el acceso a atención médica y generar impactos en la salud de millones de inmigrantes y sus familias.
Organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron la medida como una "prueba de riqueza" ( wealth test) al considerar que podría afectar especialmente a personas con menores ingresos que buscan regularizar su estatus migratorio
La administración Trump sostiene, por el contrario, que la política busca garantizar que los nuevos residentes permanentes sean económicamente autosuficientes y proteger los recursos públicos destinados a los contribuyentes estadounidenses.
