LOS ÁNGELES, California.- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó AB 2304, una legislación conocida como Gabriel’s Law, o Ley Gabriel, impulsada por el asambleísta Tom Lackey, de Palmdale.
A 13 años de la muerte del niño Gabriel Fernández aprueban una ley que busca proteger a menores abusados
La nueva ley de California lleva el nombre de Gabriel Fernández, el niño de 8 años que murió en 2013 después de sufrir meses de abuso. Gabriel’s Law, o Ley Gabriel, establece obligaciones para trabajadores sociales cuando un menor bajo su supervisión parece necesitar atención médica inmediata y también aborda la responsabilidad por la manipulación o falsificación deliberada de registros oficiales.
La medida fue incluida entre las leyes firmadas por el gobernador el 20 de septiembre de 2026.
La legislación busca reforzar determinadas protecciones para niños que se encuentran bajo la intervención de los servicios de protección infantil.
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Ley Gabriel: ¿qué cambia y qué debe saber una familia si un menor bajo protección necesita atención médica urgente?
La ley lleva el nombre de Gabriel Fernández
AB 2304 recibe su nombre en memoria de Gabriel Fernández, un niño de 8 años que murió en 2013 después de sufrir repetidos abusos.
El caso de Gabriel generó una amplia atención sobre las fallas del sistema de protección infantil y posteriormente fue abordado en la serie documental de Netflix de 2020, "The Trials of Gabriel Fernández".
La nueva legislación busca establecer mecanismos relacionados con situaciones que involucran la atención y protección de menores.
¿Qué establece Gabriel’s Law?
Uno de los principales cambios establece que un trabajador social debe asegurarse de que un niño reciba atención médica apropiada cuando aparentemente necesita atención de emergencia, quirúrgica u otro tipo de tratamiento médico inmediato.
La medida se enfoca particularmente en situaciones en las que existen señales de que un menor necesita atención médica y requiere una intervención.
Aborda los registros oficiales
AB 2304 también aclara que los trabajadores sociales que conscientemente falsifiquen o manipulen registros oficiales pueden enfrentar responsabilidad bajo las leyes existentes, según la oficina de Lackey.
El objetivo es establecer con mayor claridad las consecuencias relacionadas con la información registrada durante la intervención de los servicios de protección infantil.
Una iniciativa que tardó años en convertirse en ley
Para Lackey, la aprobación de la Ley Gabriel representa el resultado de varios años de intentos legislativos.
Antes de AB 2304, el legislador había impulsado diferentes versiones de la propuesta, entre ellas AB 1911 en 2018, AB 1450 en 2019-20, AB 31 en 2021, AB 2654 en 2022 y AB 1544 en 2023.
Las distintas versiones fueron modificadas y revisadas durante el proceso legislativo antes de llegar a la legislación que finalmente fue aprobada.
“Gabriel nunca fue solamente un nombre”
Al hablar sobre la firma de la ley, Lackey recordó la historia del niño y explicó por qué decidió continuar impulsando la legislación a lo largo de los años.
“Gabriel nunca fue solamente un nombre para una ley”, dijo Lackey, quien señaló que el niño necesitaba que alguien lo protegiera.
El legislador también dijo que pensó en Gabriel cada vez que presentó el proyecto ante una nueva audiencia, comité o votación.
Gabriel murió después de meses de abuso
El niño Gabriel Fernández de 8 años, murió el 24 de mayo de 2013 tras sufrir por meses maltratos y torturas propinados por su madre Pearl Fernández y la pareja de la mujer, Isauro Aguirrey, de acuerdo con registros de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.
A pesar de que el menor estaba bajo los cuidados del Departamento de Niños y Familia y un grupo de trabajadores sociales estaban al tanto de la situación, no pudieron evitar el fatal desenlace.
Su caso se convirtió posteriormente en uno de los ejemplos más conocidos de las fallas que pueden ocurrir dentro de los sistemas encargados de proteger a menores.
Fernández, y su exnovio, Aguirre, fueron enjuiciados y la fiscalía pidió la pena capital para ambos tras presentar las evidencias en el juicio que indicaron meses de palizas y torturas.
Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Aguirre fue sentenciado a muerte por el juez de la Corte Superior del condado de Los Angeles, George Lomeli en 2019.
















