¿Preguntarán el estatus migratorio a pacientes de Arizona? Esto es lo que propone la SB 1268

PHOENIX, Arizona – El Senado de Arizona recientemente aprobó la propuesta SB 1268, que plantea que cualquier hospital que reciba fondos estatales pueda preguntar a sus pacientes su estatus migratorio.

La senadora estatal republicana Wendy Rogers patrocina este proyecto, que pretende estar al tanto de cómo se gastan los fondos estatales para la salud de personas indocumentadas.

Según una publicación en el sitio web del Caucus Republicano en Arizona, este proyecto implica que los hospitales “incluyan una sección en su formulario de admisión de pacientes que les dé la opción de indicar si se encuentran legalmente en Estados Unidos”.

Cabe recordar que Florida es el único estado de Estados Unidos que tiene en vigor una ley similar, la SB 1718, que requiere que los hospitales que aceptan Medicaid o CHIP reporten la información sobre el estatus de los pacientes.

Una ley similar entró en vigor en noviembre del 2024 en Texas, la cual obliga a las salas de emergencia preguntar el estatus migratorio de los pacientes que llegan a los hospitales. Al menos en Texas, esto no aplica para médicos familiares, especialistas o de atención primaria.

Republicanos dicen que quieren saber el gasto en salud

Rogers precisa que el proyecto “ayudará a obtener datos reales sobre el impacto de la inmigración ilegal en los servicios de salud, a la vez que protege la privacidad del paciente para que podamos tomar decisiones informadas sobre cómo abordar este problema.

“Seguiré abogando por esta medida crucial, a medida que avance en el proceso legislativo, para garantizar que el sistema de salud de Arizona se mantenga sostenible y responda a las necesidades de sus ciudadanos legales”.

La republicana agrega que Estados Unidos es una nación rica, “pero no seguiremos siendo ricos si seguimos regalándolo todo sin rendir cuentas”, y agregó que no es su trabajo “determinar si alguien se ve disuadido de recibir atención médica, especialmente si no es ciudadano”.

La información que recaben los hospitales sería documentada y reportada de manera trimestral al Departamento de Salud y Servicios de Arizona.

Despierta temores entre la comunidad

“No está correcto que estén preguntando por el estatus migratorio de una persona cuando requieren salud en ese momento. Puedes contagiar a otras personas por el temor de que (en el hospital) te vayan a preguntar por tu estatus”, dijo a Univision Arizona Mireya, residente de Arizona.

Por su parte, la representante Patricia Contreras declaró durante una audiencia sobre el proyecto de ley que este “realmente amenaza la seguridad y el bienestar de los pacientes y los profesionales de la salud”.

“Si alguien es indocumentado, o tiene un familiar o amigo indocumentado, y sabe que el hospital le va a hacer preguntas sobre su ciudadanía, se le pasarán por la cabeza las mismas preguntas: ‘¿Por qué hacen esa pregunta? ¿A dónde van a ir esos datos? ¿Voy a tener un agente de ICE llamando a mi puerta solo porque fui a buscar atención médica de emergencia?’, cita Fox News a Noah Schramm, estratega de políticas de ACLU en Arizona.

Los pacientes que opten por no responder aun así podrían recibir atención médica, pero el hecho de que elijan no contestar se documentará.

Aunque según la propuesta, la información que recaben los hospitales no sería compartida con las agencias de inmigración, Salvador Reza, un líder comunitario, considera que se trata de un paso más para poner en riesgo a las comunidades migrantes.

“En el estado y a nivel nacional quieren documentar a todas las personas para así tener acceso más fácilmente a ellos en el futuro. Y eso es muy peligroso. La gente se va a morir en la casa por no querer ir al hospital; de por sí no van porque no tienen dinero”, señaló.

Reza espera que no sea aprobada, y que incluso la gobernadora demócrata Katie Hobbs la vete, pero considera que el Partido Republicano buscaría presentarla de otra forma.

La SB 1268 ya fue aprobada el 10 de marzo por el Senado de Arizona con un voto de 6 a 2 por parte del Comité de Servicios Humanos y Salud de la Vivienda. Antes de llegar al despacho de la gobernadora, debería ser aprobada por la Cámara de Representantes.

Con información de Dyana Villa.

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