No habrá cargos contra la gobernadora Hobbs por acusaciones de intercambio de favores por contratos

PHOENIX, Arizona – La Fiscalía General de Arizona informó que no presentará cargos contra la gobernadora Katie Hobbs tras una investigación de dos años por acusaciones relacionadas con soborno, en un supuesto esquema de ‘pagar favores’ (pay-to-play en inglés).

“La investigación no ha encontrado pruebas del intercambio de favores necesario para sustentar una acusación de soborno (…) La investigación no ha descubierto ninguna evidencia del quid pro quo necesario para sustentar una acusación de soborno”, dicen partes del análisis.

“Decidir no presentar cargos es una conclusión basada en los criterios legales para procesar un caso, pero este asunto demuestra la necesidad de una reforma legislativa. La Legislatura y la gobernadora tienen la facultad de garantizar una mayor transparencia en cuanto a las donaciones políticas realizadas por contratistas del Estado.

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“Les insto a trabajar juntos e intentar nuevamente aprobar una legislación que logre este objetivo”, manifestó la Fiscal General Kris Mayes, demócrata al igual que la gobernadora.

Pay-to-play: La investigación a la gobernadora Katie Hobbs

Vale la pena recordar que Hobbs fue investigada por supuestos vínculos con Sunshine Residential, una empresa operadora de residencias para menores, que obtuvo por parte del estado un aumento considerable de tarifas: un alza de casi el 60% de la tarifa que podría cobrar al Estado por cuidado de cada menor.

Esta misma empresa había realizado donaciones de un total de $400,000 tanto al Partido Demócrata de Arizona como al fondo de investidura de la gobernadora.

Según el informe, David Lujan quien se desempeñó como director del Departamento de Seguridad Infantil (DCS), subrayó que el aumento de tarifas para Sunshine “se centraba en el riesgo de perder las plazas de Sunshine destinadas a grupos de hermanos”, pues el mencionado proveedor supuestamente era uno de los pocos dispuestos a mantener unidos a los hermanos.

Además, el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona indicó que Sunshine le había informado al estado que reduciría su capacidad de camas si no obtenía un aumento de tarifas, y que utilizaría esas camas para alojar a menores inmigrantes no acompañados por cuenta del gobierno federal.

DCS habría subrayado que “la posible pérdida de aproximadamente 290 plazas representaba una grave preocupación en cuanto a la capacidad, lo que requería una evaluación cuidadosa de las consecuencias para los niños y para el sistema de bienestar infantil en su conjunto”.

Por ello, Luján habría aprobado el aumento, una decisión en la que ni la gobernadora ni su equipo participaron, según la agencia.

La investigación duró dos años, e incluyó 12 entrevistas, revisiones de registros de financiamiento de campaña, registros de adquisiciones, documentos bancarios, correos electrónicos y chats estatales.

¿Por qué no habrá cargos contra Hobbs?

El análisis legal indicó que, de acuerdo con la Corte Suprema de Estados Unidos, “castigar actos oficiales tras una contribución política, sin más, ‘daría lugar a enjuiciamiento no solo por conductas que durante mucho tiempo se han considerado dentro de la ley, sino también por conductas que, en un sentido muy real, son inevitables mientras las campañas electorales se financien con contribuciones o gastos privados, como ha sido desde los inicios de la nación’”.

La gobernadora había declarado por escrito que “nunca había discutido las tarifas de los contratos del Departamento de Servicios para Niños (DCS), las tarifas de Sunshine ni ninguna decisión de adquisición del DCS”, con nadie afiliado a la institución, en ningún contexto ni momento con Hobbs, y que la oficina de esta “nunca proporcionó instrucciones ni información al DCS sobre las decisiones de tarifas”.

El análisis concluyó que el aumento de tarifas, “en lugar de ser el resultado de un soborno, la investigación ha determinado que los aumentos de tarifas de Sunshine parecen ser consecuencia de su excesiva influencia sobre el programa de atención colectiva de DCS”.

La gobernadora Hobbs declaró que “ninguna contribución de campaña, donación inaugural, aportación al Fondo de Defensa Legal ni ningún otro apoyo financiero de Sunshine ni de ninguna otra fuente influyó en ninguna decisión de la agencia estatal relativa a Sunshine ni a ningún otro proveedor”.

Agrega: “la gobernadora Hobbs aclaró además que ninguno de los miembros de su equipo de campaña ‘tuvo participación ni conocimiento alguno de ninguna decisión tomada por (DCS) con respecto a Sunshine en el momento en que se tomaron dichas decisiones’”.

Al comienzo de las investigaciones, Hobbs había manifestado en un comunicado: “Al igual que en investigaciones anteriores instigadas por legisladores radicales y partidistas, la administración será exonerada de toda irregularidad.

“La gobernadora Hobbs es una trabajadora social que ha defendido a las familias y los niños de Arizona. Es indignante sugerir que su administración no haría lo correcto por los niños en hogares de acogida”.

Reacciones a la decisión

Es necesario destacar que, en febrero pasado, la gobernadora Hobbs vetó por segunda vez una ley aprobada por las mayorías republicanas de la Legislatura, a través de la cual se habría obligado a los contratistas estatales a que declararan todo aporte de valor agregado a la gobernadora, entidades de campaña o a organizaciones externas que apoyaran o se opusieran a ella.

El republicano Warren Petersen, presidente del Senado estatal y quien se postula para el cargo de Fiscal General para enfrentar a Mayes, externó en un comunicado que la decisión de esta “era predecible en época electoral (…) Vergonzosamente eludió la responsabilidad y protegió a su aliada política, haciendo la vista gorda ante la estafa de Hobbs”.

Por su parte, el congresista Andy Biggs, quien disputará a Hobbs el cargo en la gubernatura de Arizona, ha utilizado esta investigación para calificar a la actual gobernadora como “corrupta”.

“Ahora, después de dos años investigando un esquema de pago por favores que destapó incluso más contribuciones políticas sospechosas de seis cifras de Sunshine Residential a Hobbs, Kris Mayes se ha encongido de hombros y le ha dicho a los arizonenses que lo superen”.

Rachel Mitchell, fiscal republicana del condado Maricopa, aseguró que el auditor general del estado está realizando una investigación independiente sobre el asunto, informó ABC15.

El hogar grupal ya había estado bajo el escrutinio, debido a que el senador estatal republicano T.J. Shope señaló a la empresa pro la atención brindada a un niño de 9 años identificado como Jakob Blodgett, quien se alojó en un hogar Sunshine en Glendale en diciembre de 2022, y quien falleció días después por complicaciones de diabetes tipo 1.

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