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Inmigración

Policía de Arizona no podrá detener a una persona solo por sospechar que es un indocumentado

Este es uno de los acuerdos a los que ha llegado la ACLU con este estado para limitar varios aspectos vigentes de la controversial ley SB 1070, la policía no podrá determinar "la sospecha razonable'' de que una persona está en el país sin documentos migratorios solo por la raza u origen étnico.
15 Sep 2016 – 5:28 PM EDT

La Unión Americana de libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones civiles llegaron este día a un acuerdo con el estado de Arizona para limitar varios aspectos vigentes de la controversial Ley SB 1070, entre ellos que la policía no detenga a una persona solo por “sospechar’’ que se encuentra en el país sin documentos legales.

“Básicamente se establecen normas estrictas para que la policía haga cumplir las porciones de la ley que no fueron bloqueadas (por la Corte Suprema) y permanecen vigentes”, dijo a Univision Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.

El acuerdo establece que no es permitido que la policía detenga a una persona solo por sospechas de que se encuentra en el país sin documentos legales, tampoco es permitido extender una detención simplemente para investigar el estatus migratorio de un individuo.

Soler puso como ejemplo la situación que se vive frecuentemente en Tucson donde la policía detiene a una persona por una luz en su carro que no funciona o por una infracción de tráfico y lo demoran más de 30 minutos, mientras esperan que llegue la Patrulla Fronteriza para determinar su estatus migratorio.

La batalla legal que iniciaron ACLU, el Fondo Mexicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y otras organizaciones hace seis años con la demanda Valle del Sol et al. v. Whiting et al, llega a su fin con este acuerdo.

La Corte Suprema de Estados Unidos había mantenido en vigencia la sección 2B de la ley SB 1070 “muéstrame tus papeles”, la cual exige a la policía determinar el estatus migratorio de una persona detenida o presa cuando hay "sospecha razonable" de que no se encuentra en EEUU indocumentada.

De las otras tres secciones que fueron invalidadas por el Tribunal Supremo, una criminalizaba al inmigrante que no llevara consigo documentos de identificación que probara se encontraba legalmente en el país, otra exigía a todo agente del orden público a verificar el estado migratorio de individuos detenidos bajo cualquier otra ley vigente, y una más que criminalizaba la contratación o trabajo no autorizado por el gobierno federal.

La ley SB 1070 entró en efecto parcialmente el 29 de julio de 2010, después de que la jueza federal Susan Bolton decidiera frenar varias de sus provisiones tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El DOJ determinó bloquear varias porciones de la ley argumentando que estaban en conflicto con las prioridades del gobierno federal quien tiene el dominio exclusivo para regular la migración del país.

''Entre lo que queda de la ley puedo decir que la policía podrá seguir preguntando del estatus migratorio cuando realicen sus operativos", enfatizó Soler.

De acuerdo con Soler, el Fiscal General de Arizona, Mark Brnovich, distribuirá los acuerdos logrados a todos los departamentos de policía en el estado.

“Nuestra comunidad ha sufrido mucho desde la implementación de esta ley, nos preocupa como la vayan a interpretar los policías porque pueden tomarlo como recomendación”, dijo Isabel García, abogada y activista de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson. “Nos sirvió que quitaran lo de los jornaleros, que los limitaba para trabajar pero siento que todavía queda la preocupación”.

Los activistas calificaron la victoria de ''agridulce'' y aclararon que aunque los abogados llegaron algunos acuerdos importantes y beneficiosos para la comunidad inmigrante, la ley sigue por lo que no pueden bajar la guardia.

''Arizona no se le ha quitado de lo racista, no se equivoquen, lo van a seguir haciendo pero se van a cuidar", dijo Salvador Reza, activista en Phoenix.

Después de que la SB 1070 fue aprobada en 2010, se introdujeron dos docenas de propuestas de ley en legislaturas estatales en todo el país, cinco fueron aprobadas en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

“Arizona abrió el camino hace seis años para una política cruel destinada a dejar morir de hambre y desolados a los inmigrantes y muchos estados siguieron este camino”, dijo Víctor Viramontes, consejero de MALDEF. “Después de millones de dólares gastados en abogados, muchas decisiones federales bloqueando porciones de la ley y (que termina) por último con una opinión emitida por el estado que limita seriamente a la policía local en Arizona”.

ACLU y la coalición de organizaciones de derechos civiles han presentado demandas en los seis estados.

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