Miles de agentes del FBI respaldan demanda de empleados despedidos tras investigar a Trump en elecciones de 2020

Una asociación de miles de agentes del FBI y otros grupos respaldan una demanda presentada por tres empleados de la agencia que fueron despedidos el año pasado por su participación en una investigación sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Un escrito legal presentado por la Asociación de Agentes del FBI es uno de los cinco presentados por terceros la semana pasada en apoyo de los agentes, que fueron despedidos como parte de una purga de personal más amplia llevada a cabo por el director del FBI, Kash Patel, que ha tenido como objetivo a los empleados que investigaron a Trump o que son percibidos como contrarios a los intereses de la administración.

En conjunto, las denuncias, incluidas las de antiguos miembros del FBI y del Departamento de Justicia, ponen de manifiesto una oposición concertada y bipartidista a la oleada de despidos que ha sacudido al FBI en el último año y medio, mientras Patel intentaba reformar la agencia a su imagen y semejanza.

Los escritos argumentan que los despidos fueron ilegales porque a los agentes se les negó el debido proceso y fueron castigados por su supuesta afiliación política, y afirman que las rescisiones de contrato contradicen décadas de expectativas de que el "cuerpo de agentes profesionales, apolíticos y de carrera" de la agencia pueda trabajar en casos delicados sin poner en riesgo sus carreras.

"El FBI simplemente no puede funcionar si los agentes especiales deben elegir entre aceptar una asignación legal que podría costarles el puesto o rechazarla y ser despedidos por insubordinación. Los agentes especiales del FBI saben desde hace tiempo que están sujetos a asignaciones y reasignaciones en cualquier momento según las necesidades del FBI", escribió la asociación de agentes, que cuenta con casi 12.000 miembros, en su informe.

Un escrito presentado por ex altos funcionarios del Departamento de Justicia afirma que los despidos han socavado "medio siglo de independencia como principio rector".

“Dejando de lado la consiguiente violación de los derechos de los demandantes, el impacto inevitable de esta 'purga' será el de coartar la independencia de los agentes, abogados, analistas y demás personal del FBI, el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, tanto actuales como futuros, que ahora deben actuar con la certeza de que sus decisiones en materia de investigación y aplicación de la ley pueden, por primera vez en sus carreras, ser evaluadas desde una perspectiva política partidista”, afirma el escrito.

Las tres agentes —Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman— afirman en una demanda federal presentada en marzo que fueron despedidas en una "campaña de represalias" dirigida contra ellas por su trabajo en la investigación sobre Trump. Según la demanda, las agentes prestaron un servicio "ejemplar e intachable" en el FBI y esperaban pasar el resto de sus carreras en la agencia, pero fueron despedidas abruptamente sin causa justificada y sin darles la oportunidad de defenderse.

La investigación en la que trabajaron los agentes culminó con una acusación formal del fiscal especial Jack Smith, que acusaba a Trump de conspirar para anular las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Finalmente, Smith abandonó ese caso , junto con otro aparte que acusaba a Trump de retener ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando opiniones legales del Departamento de Justicia que prohíben las acusaciones federales contra presidentes en ejercicio.

Patel y Pam Bondi, quien era la fiscal general en ese momento, han afirmado que los agentes y fiscales despedidos que trabajaban en el equipo de Smith fueron responsables de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales, una afirmación que también se hizo en sus cartas de despido, pero que los demandantes califican de difamatoria e infundada.

En derecho, estos escritos se conocen como amicus curiae o escritos de apoyo a la corte. En ocasiones, son presentados por terceros en litigios para reforzar ciertos argumentos o para orientar la decisión del juez.

Otros grupos que presentaron informes incluyen un colectivo de expertos en la Primera Enmienda, un grupo llamado Abogados por el Estado de Derecho y Justice Connection, una red de exalumnos del departamento que advirtió en su presentación que un FBI "politizado" podría volverse contra los ciudadanos debido a su libertad de expresión, sus asociaciones o su supuesta deslealtad.

“La Constitución”, decía el documento, “está diseñada precisamente para prevenir este tipo de abusos”.