Juez de Arizona deroga una ley que obligaba a los médicos a decir que un aborto con fármacos puede ser revertido

Un juez federal puso fin este martes a una ley en Arizona que obligaba a los médicos a informar a las mujeres que el efecto de los fármacos usados para realizar un aborto podía ser revertido.

El fallo se da tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood y el Centro de Derechos de Reproducción, que desafiaron la ley SB 1318, aprobada en 2015 por la legislatura estatal, argumentando que la misma carece de evidencia médica.

Un aborto practicado con el uso de medicamentos tiene dos pasos: primero se administra el fármaco mifepristona (utilizado para poner fin a embarazos de menos de siete semanas) y días después se provee misoprostol.

Un médico de este estado, George Delgado, afirmaba que podía revertir el efecto de la mifepristona con la hormona progesterona antes de que la mujer tomara el segundo medicamento del proceso de aborto. Los hallazgos de este médico, que fueron publicados en diciembre de 2012 en Annals of Pharmacotherapy, han sido puestos en duda por sus pares del sector.

La directora ejecutiva de ACLU en Arizona, Alessandra Soler, explicó a Univision Noticias que la ley también prohibía a las compañías de seguros proporcionar servicios de aborto a las mujeres que reciben atención médica a través de subsidios federales, salvo víctimas de violación e incesto.

“Nosotros iniciamos una demanda y había que parar (la ley) para que no hubiera implicaciones en otros estados”, expuso Soler.

"La revocación de esta restricción injustificada es una buena noticia para las mujeres”, dijo por su parte Andrew Beck, abogado de ACLU. “’Los legisladores deben reconocer que las mujeres en Arizona merecen atención médica de alta calidad, no la ideología política disfrazada de medicina", agregó.

La Asociación Americana de Medicina y el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos también se opusieron desde el principio a esta ley aduciendo que no hay evidencia médica de que un aborto inducido con medicamentos pueda ser revertido.

“Los políticos de Arizona han demostrado un enfoque en tratar de restringir el acceso al aborto. El rechazo de este caso debe ser una llamada de atención para los legisladores para que abandonen sus intentos de interferir con la salud de las mujeres”, comentó Will Gaona, director de políticas de ACLU en Arizona.

En Arizona han sido aprobadas varias leyes que abordan la salud de las mujeres. Este año, la legislatura aprobó una ley diseñada para bloquear el acceso de las mujeres de bajos ingresos a servicios de salud reproductiva, incluyendo el control de la natalidad, la atención prenatal y servicios de parto y nacimiento, con la amenaza de retirar los proveedores de aborto del programa de Medicaid.

ACLU y Planned Parenthood presentaron una demanda en julio contra dicha restricción.