Aborto y derechos reproductivos en El Salvador: ¿qué representa la libertad de María Teresa Rivera?

María Teresa recién se levantaba de su cama, en noviembre de 2011, cuando fue al baño y comenzó a sangrar. Enseguida le pidió a su suegra que llamara a la policía (en El Salvador, ante emergencia de este tipo, se contacta a los patrulleros). Cuando despertó, estaba en una camilla de hospital y lo primero que le preguntó la enfermera fue, “¿dónde está el bebé?”. “¿Qué bebé”, respondió desconcertada.

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La policía había encontrado un feto de 9 meses de gestación en el fondo de la letrina del baño de su hogar, que compartía con la mamá de su ex marido, padre de su hijo de seis años. María Teresa no sabía que estaba esperando un bebé y aseguró que siguió menstruando en cada uno de los meses posteriores al aborto espontáneo. De inmediato fue detenida y, previo juicio, enviada a prisión. En El Salvador, el aborto es penado sin excepciones. 

Uno de los testimonios claves para la sentencia había sido el de su jefe, a quien María Teresa le había dicho en enero de 2011 que podría estar embarazada, producto de una breve relación que mantenía en aquel momento. Luego, en febrero, su período finalmente llegó.

Eso su jefe no lo supo y, al declarar frente al juez, aseguró que ella misma le había confesado la posibilidad de una gestación, lo cual fue decisivo para que sea sentenciada a 40 años en prisión. Habían transcurrido 11 meses desde esa conversación. 

Además, el informe de la autopsia indicó que el bebé murió a causa de asfixia perinatal (minutos antes o después de nacer), a lo que el juez infirió que que Rivera lo había sofocado intencionalmente.

Alivio y libertad 

Durante los cuatro años y medio que permaneció tras las rejas, con el apoyo legal de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, Rivera apeló varias veces las sentencia, aunque sin resultados. Y justo cuando estaba perdiendo las esperanzas, la Corte Suprema revisó su caso y le otorgó la libertad en mayo de 2016.

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Para la fiscalía general de El Salvador, la sentencia fue erróneamente revocada. Por eso, el Estado puso en marcha inmediatamente una apelación para que María Teresa vuelva a prisión a terminar su pena de 40 años, o iniciar un nuevo juicio. Pero se destacó que "no se presentaron nuevas pruebas, solo nuevas opiniones de los que podría haber ocurrido”, por lo que fue desestimada.

La  libertad de María Teresa fue confirmada este martes 25 de octubre por la Cámara Tercera Penal de su país y se convirtió, de forma indeseada, en la más reciente cara visible de la realidad respecto a los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador.

El aborto en El Salvador

El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos en donde la prohibición del aborto no acepta excepciones, pero es particularmente riguroso en su aplicación. Los médicos deben informar a las autoridades si creen que una mujer ha intentado abortar. Si no lo hacen, pueden enfrentar penas de hasta 12 años.  

El castigo por abortar es de hasta ocho años de prisión, pero en muchos casos la acusación puede derivar en cargos por homicidio agravado, que tiene una pena penitenciaria mínima de 30 años. Esto ha llevado a que grupos de DD.HH. consideren una criminalización de los abortos involuntarios y las emergencias médicas.

Antes, las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación, incesto o si la salud del bebé o la madre estaban en riesgo, pero una ley promulgada bajo el gobierno del ex presidente Francisco Flores, descartó estas excepciones. Solo el año pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador reportó que 16 mujeres fueron halladas culpables por haber abortado; seis de ellas eran menores de 17 años.