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Cecilia Muñoz, directora de política interna de la Casa Blanca.

El gobierno de Obama reitera que no frenará la deportación de migrantes

El gobierno de Obama reitera que no frenará la deportación de migrantes

La directora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, habla de las redadas y del futuro de miles de migrantes

Cecilia Muñoz, directora de política interna de la Casa Blanca.
Cecilia Muñoz, directora de política interna de la Casa Blanca.

@cancino_jorge

El clamor de las organizaciones y políticos para que el gobierno detenga las redadas no tuvo eco este martes. Las personas que han cometido “delitos muy serios” y los indocumentados “recién llegados” a la frontera, “siguen siendo una prioridad” de deportación, dijo al programa Despierta América Cecilia Muñoz, directora de política interna de la Casa Blanca.

La funcionaria agregó que ambos grupos están incluidos en las prioridades de deportación anunciadas el 20 de noviembre de 2014, en un memorando firmado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Jeh Johnson.

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“El DHS está implementando esas prioridades”, aseguró y dijo que lo establecido en el memo sigue siendo una prioridad para el gobierno.

Muñoz dijo además que “las personas que no están en esa lista no deben preocuparse”.

La lista incluye:

  • Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros)
  • Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014)
  • Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel
  • Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
Gobierno de Barack Obama defiende las deportaciones Univision

Deportados sin antecedentes

Consultada en torno a los deportados durante el año fiscal 2015, que alcanzó los 235,413, de los cuales el 41% no tenía antecedentes criminales, Muñoz dijo que para el gobierno existían dos prioridades, “los que tienen antecedentes (criminales) y los que han cruzado la frontera recientemente”.

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“Muchas personas siguen legando y el gobierno debe asegurar que están seguras nuestras fronteras”, pero reiteró que quienes califican para DAPA y DACA ”no deben preocuparse” porque no serán deportados.

Durante el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en un sector de la frontera suroeste con México. En el 2015 la cifra bajó en un 42% pero en los primeros dos meses del año fiscal 2016 (octubre y noviembre de 2015) las autoridades federales arrestaron a poco más de 10,000, cifra que inquieta a la Casa Blanca.

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Muñoz, sin embargo, dijo que la cifra (de arrestos) “es muy baja”, pero que dentro de ese número “los que vienen de Centroamérica están subiendo”.

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Viaje peligroso

“Este es un viaje bastante peligroso”, dijo la directora al referirse a la travesía que llevan a cabo los migrantes en el esfuerzo por conseguir refugio. “ La puerta no está abierta a en la frontera. Los recién llegados son una prioridad de deportación. No deben poner a sus hijos en manos de traficantes de personas. Esta es una situación bastante peligrosa”.

En 2008 el Congreso aprobó la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, en su sigla en inglés). La legislación no permite que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

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Los programas DACA y DAPA citados por Muñoz están incluidos en la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre de 2014, beneficio que ampara la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes, y dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012.

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La Acción Ejecutiva fue demandada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) y detenida por las cortes. El gobierno le pidió a la Corte Suprema que revise la medida y se espera que esta semana el máximo tribunal anuncie si incluye o no el recurso en la agenda 2016. De hacerlo, entregará un dictamen en el verano.

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