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Corte obliga a fiscalía mexicana a abrir expediente de matanza de migran...

Traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Corte obliga a fiscalía mexicana a abrir expediente de matanza de migrantes

Corte obliga a fiscalía mexicana a abrir expediente de matanza de migrantes

La Suprema Corte ordenó a la fiscalía que muestre la investigación sobre la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas 2010.

Traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).


Por orden de la Suprema Corte mexicana, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) deberá entregar los expedientes de la masacre de migrantes centroamericanos ocurrida en 2010 en la localidad de San Fernando, Tamaulipas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la fiscalía entregue copias de todas las averiguaciones que se han hecho al respecto a dos mujeres de El Salvador cuyos familiares fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel narcotraficante de Los Zetas, según refirieron las investigaciones oficiales.

Se trata de Bertilda Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño, que deben ser reconocidas ahora como víctimas directas tras el asesinato de su hijo Carlos Alberto Osorio; y su hermano, Manuel Antonio Realegeño, respectivamente, precisa la web del periódico mexicano Milenio.

“Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Parada a los medios de comunicación, al salir de la Primera Sala, de acuerdo a la web Sin Embargo.

Críticas de Amnistía Internacional

En tanto, la falta de avances en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida a 72 migrantes asesinados en San Fernando en agosto de 2010 es una muestra más de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país, señaló en un comunicado este miércoles Amnistía Internacional (AI).

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"El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años", afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse el martes con familiares de las víctimas.

El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente en un rancho del municipio mexicano de San Fernando.

Desde entonces, señaló AI en un comunicado difundido esta madrugada, las pesquisas realizadas han sido insuficientes y los familiares siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad.

A ello se suman graves fallos en el proceso de identificación y entrega de restos, lo que ha llevado a los familiares a tener serias dudas y exigir la revisión de sus casos.

En su reunión con AI, las familias señalaron los obstáculos a los que se han enfrentado en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, así como la falta de debida diligencia de la PGR en la investigación y la rendición de cuentas a los familiares.

"Considerando las graves fallas en las investigaciones forenses documentadas en México, no sorprende que familias de los 72 migrantes asesinados en la masacre de San Fernando tengan que viajar miles de kilómetros para exigir la revisión de sus casos," dijo Guevara.

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AI lamentó que las familias les informasen de la falta de disponibilidad de las altas autoridades de la PGR para reunirse con ellas y la nula información recibida respecto de avances en la investigación, pese al largo viaje y el esfuerzo realizado para poder venir a México.

"No hay tiempo que perder. La inacción de las autoridades ante la investigación de estas masacres implica una abierta revictimización de estas familias y sus comunidades. Es hora de que el Gobierno mexicano dé una respuesta a la altura de las circunstancias y acelere los esfuerzos para proveer a los familiares de una reparación integral", concluyó Guevara.

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