LOS ÁNGELES, California.- La activista proinmigrante Gloria Saucedo ha sido condenada a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario por haber ofrecido servicios migratorios sin licencia a través de su organización Hermandad Mexicana Transnacional, según anunció este viernes la Procuraduría de la ciudad de Los Ángeles.
Condenan a una conocida activista por ofrecer servicios migratorios sin licencia en Los Ángeles
Gloria Saucedo tendrá además que realizar 200 horas de servicio comunitario por incumplir la Ley de Consultoría Migratoria.


Su empresa, con oficinas en el Valle de San Fernando, deberá pagar una multa de 2,000 dólares por el mismo motivo, indicó la Fiscalía municipal.
Ni Saucedo, de 65 años, ni su negocio, disputaron las acusaciones de la Procuraduría, que en un principio calculaba una condena de hasta cinco años y una multa de 32,000 dólares para la activista.
La activista había sido acusada de cometer una serie de irregularidades que al menos en dos ocasiones perjudicaron seriamente a la situación migratoria de sus clientes, según la investigación. En concreto se le acusó de tres cargos por incumplir la Ley de Consultoría Migratoria y dos más por practicar Derecho sin tener licencia.
“Mi oficina lucha para proteger a los inmigrantes que se esfuerzan por obtener un estatus legal en este país”, dijo al respecto el procurador municipal Mike Feuer en un comunicado de prensa.
Los esfuerzos de Univision Noticias de contactar a Salcedo para un comentario fueron infructuosos. La Fiscalía también señaló a sus dos socias Carmen Onchi y María Chávez.
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Saucedo y su equipo fueron denunciadas por dos personas que aseguraron que pagaron por unos servicios para cambiar su estatus migratorio y acabaron con problemas con las autoridades migratorias. Las fuerzas del orden utlizaron agentes encubiertos para destapar este caso.
María Delgado, una de las supuestas víctimas, argumentó que debido a la mala representación de Hermandad Mexicana Transnacional se comprometió su caso para obtener una residencia permanente a través de su matrimonio con un ciudadano estadounidense que falleció en 2010.
La Fiscalía municipal también presentó la acusación de otra persona que en septiembre de 2012 les habría pagado 4,275 dólares para obtener una Visa U, que se otorga a las víctimas de crímenes.
Durante audiencias judiciales previas, la defensa de Saucedo alegó que ella contaba con un permiso otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que su organización se apoyaba de un abogado experto en temas migratorios para los casos “difíciles” que recibía.
No está claro si continuará operando Hermandad Mexicana Transnacional.
“Nos están acusando por no ser abogados, pero nostros no ofrecemos consejos legales”, dijo Saucedo a Univision Noticias en Los Ángeles en marzo, cuando se conocieron los cargos. Entre los servicios que ofrecen, explicó, están el integrar todos los documentos y llenar los respectivos formularios para enviar el paquete a las autoridades de inmigración.
“Hay una línea muy delgada en la ley”, mencionó Saucedo en referencia al momento en que alguien puede estar ofreciendo un consejo legal.
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