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Familiares de los desaparecidos no aceptan como verdadera la versión de las autoridades.

Testigo involucra a la Policía Federal mexicana en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Testigo involucra a la Policía Federal mexicana en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El testimonio planteó la existencia de una nueva ruta de desaparición de los jóvenes, por lo que Derechos Humanos exige se investigue esta hipótesis.

Nueva hipótesis sobre "El caso Ayotzinapa" Univision


Con base en la información revelada por un testimonio no identificado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura tener evidencia del “presunto involucramiento de identificados elementos de la Policía Federal”, quienes habrían actuado junto a policías municipales coludidos con bandas criminales en el ataque y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero (sur de México).

De esta manera, por primera vez la CNDH implicó a fuerzas federales en la controvertida desaparición, ocurrida en septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, además de que el organismo planteó la existencia de una nueva ruta de desaparición de los jóvenes.

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El testimonio relata que al menos dos policías federales estaban presentes cuando de 15 a 20 estudiantes fueron bajados de un bus por policías locales, dijo el encargado del caso en la Comisión, José Larrieta Carrasco.

Larrieta agregó que algunas compañías privadas ocultaron pruebas que impidieron avanzar en la investigación.

<h3>Guerreros Unidos</h3>

Las autoridades federales han culpado de la desaparición de los estudiantes del sureño estado de Guerrero al cartel del narcotráfico Guerreros Unidos con la ayuda de la policía local de las alcaldías de Iguala y Cocula. Las revelaciones del jueves sugieren que esa organización criminal ha tenido una influencia más grande e implica tanto a la policía federal como a la policía local de otro lugar.

En septiembre 26 de 2014, 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecieron de Iguala luego de que se apropiaran de varios buses, una táctica que comúnmente empleaban para poder transportarse.

Uno de los buses salió de la estación de Iguala con estudiantes a bordo, tomó la carretera federal rumbo a Chilpancingo, capital del estado, cuando la policía del poblado empezó a perseguirlos y le dispararon a las llantas del bus para que se detuviera en un paso a desnivel conocido como el puente de Chipote, dijo Larrieta.

La policía de Iguala rodeó el bus, según la versión de Larrieta, lo empezó a golpear con palos y piedras hasta que rompió sus ventanas. Los estudiantes los atacaron con las piedras y palos que les habían arrojado hasta que la policía les tiró gas lacrimógeno dentro del bus, lo que obligó a los estudiantes a salir del vehículo.

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La policía lanzó a los jóvenes al suelo y los esposó. Luego los empezaron a subir a un camión de la policía de Iguala.

Larreta reseñó que, según el testigo, un policía le dijo a uno de sus colegas que en un camión no cabían todos, un segundo policía le dijo que se despreocupara porque la policía del pueblo de Huitzuco estaba en camino. Tres camiones policiales más arribaron poco tiempo después y el resto de los estudiantes fueron subidos a los vehículos.

Cuando dos policías federales arribaron al puente de Chipote, uno le preguntó qué estaban haciendo. De acuerdo con el testigo, un policía de Iguala les dijo que se estaban llevando los estudiantes a Huitzuco, donde "el patrón" iba a decidir qué iba a hacer con ellos.

El policía federal aceptó la respuesta y los agentes, ya con los jóvenes, continuaron con su camino.

Según la CNDH, dicho "patrón" podría ser un líder criminal de la zona y el hecho de que los agentes federales se "conformen" con la respuesta denotaría que conocían las intenciones de los policías municipales, lo que los haría cómplices del crimen.

El autobús involucrado fue identificado como el número 1531 de la compañía Estrella de Oro, en el que presumiblemente viajaba Alexander Mora, uno de los dos normalistas desaparecidos e identificados por el laboratorio austríaco de Innsbruck a partir de los restos hallados en una bolsa del río San Juan, al lado del vertedero, explicó la CNDH.

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Dicha hipótesis difiere de la ruta establecida en la versión de la Fiscalía General, que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, localidad aledaña a Iguala.

Hasta el momento no se había involucrado a la Policía Federal en el suceso, solamente a los policías municipales de Iguala y Cocula.

La Comisión de Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) que investigara a la policía de Huitzuco así como a los dos agentes federales que llegaron al puente de Chipote. También dijo que existía la posibilidad de que las autoridades estatales estuvieran presentes en el lugar.

Tanto padres de los 43 como organismos que investigan el caso, como el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo habían pedido entrevistar personalmente a los militares del batallón militar 27, con sede en Iguala, un hecho que les ha sido negado.

<h3>Las respuestas al informe de la CNDH</h3>

Por su parte, la PGR emitió un comunicado en que afirmó que "ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales", en el marco de las investigaciones del caso.

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"En el caso concreto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda de una persona, interviniente en el procedimiento penal, quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales" en los hechos de septiembre de 2014, apuntó.

En tanto, los padres de los 43 informaron que presentarán una denuncia ante la PGR por el espionaje telefónico que sufren desde hace más de un año.

Al término de una reunión con la fiscal general, Arely Gómez, en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren "criminalizarlos" y provocar fracturas en su movimiento.

"Hace un año cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos", aseveró uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien "resulte responsable del espionaje de esas llamadas".

Este miércoles se filtró una presunta llamada de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en la que se quejaba del comportamiento de estos y los llamaba "indios piojosos".

Además, recientemente apareció un video con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.

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"Si pensaban que su criminalización a los padres nos iba a separar, al contrario, nos unió más", aseguró González.

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