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Marcha en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El TPS en la cuenta regresiva: más de 300,000 inmigrantes ruegan no ser deportados

El TPS en la cuenta regresiva: más de 300,000 inmigrantes ruegan no ser deportados

Tras el tenso ambiente que se vive mientras el gobierno de Trump analiza si cancela DACA o no, hay otro alivio migratorio que también podría tener sus días contados: el que beneficia a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. El impacto que tendría su eliminación se sentiría en la economía, aseguran activistas y expertos.

Marcha en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Marcha en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS).

LOS ÁNGELES, California.- Edmundo Mejía habla con un tono de seriedad cuando se refiere a su integración a Estados Unidos, a donde llegó hace 19 años proveniente de El Salvador. "Yo me siento parte de esta comunidad", asegura antes de enviarle esta súplica al presidente Donald Trump: "No me deporte".

Desde 2001, Mejía, quien trabaja como guardia de seguridad y vive en West Covina, California, ha estado inscrito en el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. El problema es que este alivio migratorio no es del agrado del todo del actual gobierno, que les ha dicho a sus beneficiarios que vayan pensando en regresar a sus casas.

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Pero Mejía dice que no conoce otro hogar que West Covina. "Cuando obtuve el TPS mi vida cambió: pude obtener mejores trabajos, moverme por todo el país y -lo mejor de todo- pude mandarle dinero a mi familia en El Salvador", comentó este hombre de 66 años. "Al quitarnos todos esos beneficios quedamos como indocumentados, expuestos a una deportación", agregó.

Edmundo Mejía, beneficiario del TPS.
Edmundo Mejía, beneficiario del TPS.

Cuando la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a unos 800,000 jóvenes indocumentados, se encuentra en la cuerda floja, los llamados 'tepesianos' han puesto sus barbas a remojar. Temen ser los siguientes afectados de las duras políticas migratorias de Trump.

"Tener una legalidad y después volver a las sombras, no es bueno para mí", dijo Luis Rivas, quien ha sacado provecho de este programa desde 2001, cuando el gobierno de George W. Bush lo otorgó a 190,000 salvadoreños por dos terremotos y un huracán ocurridos allá. La mayoría vive en California.

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Para ellos, la decisión sobre el futuro del TPS se tomaría en enero de 2018, dos meses antes de que inicie el período de reinscripción. Anticipando lo peor, el canciller salvadoreño Hugo Martínez estuvo en Washington DC hace unos días para abogar por sus paisanos, a los cuales también les han pedido que si tienen otra opción para legalizarse que la tomen.

"Nuestra posición como gobierno es que las personas se asesoren y, si pueden llenar los requisitos para obtener una residencia permanente, que lo hagan", comentó Mercedes López, cónsul de El Salvador en Los Ángeles, en cuya jurisdicción radican alrededor de 45,000 suscritos al programa.

El segundo grupo más grande lo constituyen los hondureños (a quienes les otorgaron el TPS en 1999, durante la administración de Bill Clinton, tras el paso del huracán Mitch), quienes suman más de 70,000 suscritos. En tercer lugar se encuentran los haitianos (amparados desde 2010, durante la gestión de Barack Obama, debido a un sismo de 7 grados), con 46,558 beneficiarios.

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Estudio: Sin el TPS pierde EEUU

Un reporte publicado en marzo de 2017 por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) concluye que eliminar el TPS para estos tres países resultaría en una reducción de casi 7,000 millones de dólares en contribuciones al Seguro Social y al programa de salud Medicare a lo largo de una década. Además, conduciría a una disminución de 45,000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB).

Deportar a más de 300,000 personas le costaría al gobierno federal unos $3,100 millones y afectaría directamente a sus empleadores: el gasto por la ausencia de estos trabajadores sería de $967,000.

"Terminar el TPS para El Salvador, Honduras y Haití tendrá impactos económicos significativos y de largo alcance en la economía de nuestra nación", alerta el informe. "Estados Unidos se beneficia inmensamente cuando los inmigrantes pueden trabajar", agrega.

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Las ciudades más afectadas serían Nueva York (Nueva York), Los Ángeles (California), Miami y Orlando (Florida), Houston y Dallas (Texas), Washington DC, Boston (Massachusetts) y Atlanta (Georgia).

"Hay 'tepesianos' que le están aportando al país económicamente, pagando impuestos, aportando al Seguro Social, se estaría perdiendo a esos contribuyentes", comentó Javier Joachín, otro beneficiario.

A decir de Salvador Sanabria, dirigente de la organización El Rescate, la crisis también impactaría en los países de origen, que dejarían de recibir millones de dólares en remesas.

"Para estas personas no es una opción regresar a El Salvador y Honduras, por los niveles de violencia, la situación económica y la falta de empleo", indicó Sanabria, cuya agrupación ha notado un incremento en las solicitudes de ajuste de estatus migratorio, a través de peticiones familiares, de los amparados por el TPS. "Pero eso no aplica para todos", advirtió.

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El Rescate y otros grupos, como el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), han formado una coalición en Los Ángeles que aboga por la permanencia del TPS. El sábado 9 de septiembre realizarán una asamblea en la que se hará un análisis político sobre la situación del programa. La reunión se realizará en la escuela Robert F. Kennedy Community School de 9:30 am a 3:00 pm.

La cónsul salvadoreña Mercedes López recomendó a sus paisanos mantener la calma. "No hay que entrar en una situación de crisis mientras el gobierno no anuncie que se acabó el TPS".

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