La abogada Jessica Domínguez explicó que desde hace más de tres años los jueces de inmigración han tenido que trabajar bajo la presión de tener que cumplir con una cuota implementada por la administración de Trump, la cual les exigía tomar resolución en más de 700 casos de deportación anualmente o de lo contrario podían perder sus trabajos. Ahora, el gobierno de Biden puso fin a esa medida. Más información aquí.