La abogada Jessica Domínguez explicó que la propuesta busca que las agencias o instituciones gubernamentales no puedan renovar contratos con compañías de transporte que estén llevando a indocumentados a Florida. El proyecto también busca ampliar la definición de las políticas de ciudades santuario y podría implementar requisitos como pedirle a la policía local que esté en comunicación con agentes de deportación para proporcionar información sobre el estatus migratorio de una persona.